CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El caso, que ocurrió en 2017 pero recién ahora va a juicio, generó que todos los ginecólogos y obstetras del hospital de Cipolletti (Río Negro) se inscribieron como objetores de conciencia. Lo mismo hicieron sus colegas del resto de la región, que abarca Alto Valle, Cinco Saltos, Catriel, Allen y General Roca.
La joven, de 19 años, no era paciente del doctor Rodríguez Lastra, ni del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Río Negro, donde éste es jefe del servicio de Ginecología.
La mujer llegó, derivada desde otra localidad a la guardia del hospital, con fuertes dolores y declarando haber ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG.
El médico Rodríguez Lastra corroboró que tenía 22 semanas y media de gestación (acababa de entrar en el 6º mes). El feto pesaba más de 500 gramos.
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Según detalló diario Infobae, el juicio contra Leandro Rodríguez Lastra duraría tres días, que podrían extenderse a cuatro en caso de que no se llegara a escuchar a todos los testigos. Entre ellos, habrá colegas del médico, peritos, además de la mujer cuyo caso motivó la denuncia contra Rodríguez Lastra.
La joven no fue quien denunció al médico ni ningun familiar suyo sino la diputada provincial Marta Milesi, médica pediatra y autora de la ley de aborto no punible en la provincia de Río Negro.
Declarará como testigo "a pesar de que no lo fue", dijo Rodríguez Lastra a Infobae. "Según la fiscalía, explica el médico, el sentido de su presentación es por ser precursora de la ley provincial que dicen que yo violé; el fiscal considera importante que ella explique lo que quiso lograr con esa ley".
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Según recordó el médico, la derivación hablaba de una mujer de 19 años que habría ingerido una pastilla abortiva, que cursaba un embarazo no deseado, con un cuadro de fiebre, con un feto vivo, con latidos fetales positivos y con contracciones. Además traía una ecografía que informaba de un embarazo avanzado. Al llegar, no tenía dilatación ni hemorragia.
"Ella decía que le habían dado una pastilla abortiva, pero no en el hospital; se la dieron las integrantes de una red llamada de 'socorristas', una agrupación feminista que asiste a mujeres que quieren abortar -según manifestó Rodríguez Lastra-. Yo eso no lo podía tomar seriamente, no podía saber qué le habían dado realmente. Siendo un lugar clandestino, no podía averiguar qué droga había ingerido. El embarazo era de 22 semanas y media y el feto tenía 500 gramos. Las pastillas abortivas sirven para embarazos mucho menos avanzados; los otros presentan otras complicaciones".
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Consultado por Infobae sobre si la Justicia indagó a quienes le dieron la droga abortiva a la joven, explicó: "No las citan al juicio porque no las quieren exponer; es que básicamente lo que hacen es ejercicio ilegal de la medicina, ya que medican a las mujeres sin tener idoneidad para eso".
El profesional indicó que su miedo era que la mujer hiciera un síndrome de Mondor, o aborto séptico, por contaminación con una bacteria similar a la que produce el tétanos, algo frecuente cuando se hacen procedimientos en sitios que no cuentan con la debida asepsia. Se trata de un síndrome con altas posibilidades de muerte.
"Una conducta médica tiene que evaluar todo el contexto. Yo recibo una paciente de la cual desconozco todo -dijo el ginecólogo-. Se me dijo: ¿cómo no sabe que el misoprostol causa fiebre? Claro que lo sé pero yo no podía saber si esa era realmente la causa. Tuve que evaluarla, pedir cultivo de sangre, de orina, de flujo. Le di antibióticos. Había riesgo de vida de la paciente".
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Agregó que tampoco "estaban cumplidos los trámites y plazos que establece el protocolo de aborto no punible. No pongo en duda la palabra de la mujer sobre la violación, pero de acuerdo a la mismísima OMS, a partir de la semana 22 y por encima de 500 gramos del feto, ya no es un aborto".
Le consultaron al médico cómo se practica un aborto con un embarazo tan avanzado y cuál es la técnica e hizo un crudo relato: "Mediante dilatación y curetaje. En primer lugar hay que matar al feto, lo que se hace inyectando agua salina en el útero. Luego se provoca la dilatación y con un instrumento parecido a una cuchara, se va extrayendo… se trabaja un poco a ciegas. He tenido que hacerlo en casos de muerte intrauterina y es horrible. En este caso, el feto estaba vivo".
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Al día siguiente, una junta médica del hospital decidió fijar una fecha para una cesárea, cuando el bebé fuese viable, lo que se hizo a los siete meses y medio. Es decir que no fue una decisión exclusiva de Rodríguez Lastra sino de un equipo. El bebé fue dado en adopción.
"Actué médicamente como debía actuar y no violé ninguna norma. Es más: la ley 4796 dice que el médico tiene diez días para resolver en estos casos", remarcó Rodríguez Lastra.