COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Ministerio Público Fiscal de Chubut pidió este martes que se fije la fecha para comenzar el juicio oral y público a un escribano, un abogado y el vecino de un joven con retraso madurativo que fue víctima de un ardid para quedarse con propiedades que heredó por un monto cercano al millón de dólares.
"Estoy elevando a la oficina judicial el pedido para la audiencia preliminar del juicio oral y público para comenzar el debate cuanto antes, luego de los sucesivos intentos que hicieron los defensores de los imputados sin éxito", dijo en diálogo con Télam el fiscal Fabián Moyano, que llevará la acusación junto a la querella y la asesoría de familia.
La víctima es Roberto Sartaja, de 24 años, hijo adoptivo y único heredero de la docente Ana María Fontana quien fue asesinada en 2009, crimen que fue esclarecido y cuyos autores están detenidos.
Tras la muerte de la mujer, su hijo adoptivo pasó a ser propietario -sin tener cabal conciencia de la importancia material de los bienes que recibía- de 12 propiedades inmuebles en Gaiman, Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos que los tasadores calcularon por un monto total cercano al millón de dólares.
"En esto es central la figura de Diego Armocida, un vecino lindero al lugar donde vive Roberto, quien logró ganarse su confianza y llegar incluso a que lo autorice a vivir en su chacra" de Gaiman.
Armocida, quien subsistía como cuentapropista atendiendo un carrito panchero, pudo hacerse de todos los títulos de propiedad del heredero y luego hizo que la víctima firme un poder a nombre del abogado Daniel González para que se tramite la transferencia de los bienes a su nombre, con la participación del escribano Agustín Ojeda.
"A Roberto le hacen firmar papeles sin que él tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo, se aprovecharon de cierto retraso madurativo que tiene y de un alto nivel de confianza hacia las personas que lo hacen vulnerable, cosa que logramos acreditar con el trabajo de las psicólogas forenses que actuaron", explicó el fiscal.
Armocida se quedó con gran parte de las propiedades; el abogado González obtuvo un inmueble a nombre de su esposa y el escribano fue quien dio fe pública de lo actuado avalando en 20 minutos todas las transferencias de una venta fraudulenta, según acreditó la Fiscalía.
Los imputados solicitaron una conciliación proponiendo devolver parte de las propiedades, lo que fue rechazado por el juez en primera instancia y por la cámara de apelaciones que consideró absurdo el ofrecimiento.
El fiscal explicó que Sartaja padece desde niño una parálisis parcial que afecta su movilidad y sufre un retraso madurativo que lo hace vulnerable y sobre todo "muy ingenuo, cree que todos son buenos como él y se encontró con este grupo".