El "caso Vicentin" de Chubut: en qué terminó la expropiación de Alpesca de 2014

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El contexto en aquel momento, con la planta parada y alrededor de 500 trabajadores cortando el acceso a Puerto Madryn y su administrador, Omar “el Cura” Segundo preso en una causa por narcotráfico, derivó en la decisión del gobierno. Hubo un primer decreto para la ocupación de la planta, por parte de la gestión que por entonces encabezaba Martín Buzzi, lo que fue el primer paso para la expropiación.

“Hoy Alpesca está funcionando, con 400 trabajadores entre personal de producción, administrativo y planta, con 5 permisos provinciales que son el gran valor de la empresa”, aseguró la ex ministra de Desarrollo Productivo en ese momento, Gabriela Dufour, en diálogo con ADNSUR. “No son los 1.040 trabajadores de aquel momento, porque el contexto es otro y la actividad no es la misma, pero la empresa está en marcha y la provincia podrá recuperar lo que deba pagar al completarse la expropiación”.

Antecedentes tormentosos

En medio de la crisis desatada cuando la empresa estaba al borde del cierre, a principios del año 2014, se apuntó a la búsqueda de una empresa que se hiciera cargo de la administración, por lo que se contacto al gigante Red Chamber, que aceptó hacerse cargo de la planta, que sigue operando en la actualidad, aunque no exenta de dificultades.

La historia no comenzó bien: a las pocas semanas hubo un temporal que rompió algunas de las embarcaciones que habían quedado al cuidado de la administración provincial, lo que derivó en un juicio y posterior condena a la entonces ministra Dufour, a una pena de dos años y medio de prisión en suspenso. A la entonces funcionaria se le adjudicó la responsabilidad penal por no haber tomado los recaudos para evitar el daño sufrido por las embarcaciones.

“El domingo 7 de junio se cumplió el término de esa sentencia, se ha completado el plazo porque no se me admitió el recurso en queja ante la Corte Suprema. Siempre sostuve que esto fue una persecución política, porque me acusaron de no haber ido a atar personalmente los barcos durante la noche de tormenta. Yo no integraba el comité de cuidado de los bienes, sino que tenía a mi cargo su control, pero a la persona que lo integraba y que esa noche asistió al muelle, aunque no pudo hacer nada para evitar el año de una tormenta incontrolable, fue absuelta”.  

También el ex gobernador Buzzi fue denunciado por el préstamo otorgado en un primer momento a la empresa, bajo la imputación de que el crédito había favorecido a Segundo. Finalmente, la causa contra el ex mandatario no prosperó, ya que la fiscalía retiró la acusación, tras constatar que el préstamo cuestionado no fue a manos del polémico empresario (hoy cumple condena a 9 años de prisión por el cargamento de 110 kilos de cocaína en otra planta pesquera de su propiedad, ‘Poseidón’), sino a las cuentas sueldos de los operarios de la planta.

“Visto desde hoy, había que tomar la decisión en ese momento”, reflexionó el entonces asesor general del gobierno, Jorge Echelini, en diálogo con esta agencia. El abogado comodorense tuvo a su cargo la redacción y armado del andamiaje legal que derivó en el proceso de expropiación. “Creo que el Estado no es buen administrador, pero nosotros avanzamos en la decisión luego de acordar con una empresa que se haría cargo de la administración, como Red Chamber. De todos modos, no se puede perder la visión social. El Estado argentino no se puede dar el lujo de tener 6.000 trabajadores en la calle, como no se lo podía dar en ese momento Chubut, con 500 trabajadores en la calle”.

Expropiación a punto de resolverse

El juicio civil por la expropiación estaría a punto de resolverse en la justicia civil, donde la juez de la causa deberá determinar el valor final de los bienes expropiados. El proceso se demoró porque en medio hubo otra causa penal por fraude, tras constarse que la venta que había argumentado Segundo a manos de Federico Otero y su madre había sido una maniobra fraudulenta. Hoy el propio Segundo aparece todavía como ex propietario de la planta, pero el monto que la juez del caso determine no irá a su poder, sino a los trabajadores que reclaman salarios caídos, además de la AFIP y otros proveedores.

Una vez que concluya el juicio, la provincia podría recuperar los 300 millones de pesos que reservó el año pasado a través de una ley especial para cubrir los bienes de la expropiación. Según precisó Dufour, Red Chamber asumió el compromiso a pagar el anticipo del monto aportado, a fin de continuar operando la planta, que cuenta con permisos y una cuota de captura por un total de 14.000 toneladas de langostino y otras especies.