COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El juicio que comenzará este martes en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia buscará determinar responsabilidades penales de ocho imputados por el derrame ocurrido el 25 de diciembre de 2007, desde las 10:30 de esa noche de navidad y las 6 de la mañana del día siguiente. Un total de 300 metros cúbicos de petróleo, que afectaron cuatro kilómetros de costa. Casi 13 años después, la vecina Mirta Beatriz Calvo intentará probar, querellante con el patrocinio de la abogada Sonia Ivanoff, que existió un delito que en sus penas máximas prevé hasta 10 años de prisión. Aquí, tres claves de un proceso extenso y complejo.

1) Los imputados. Los 8 imputados individualizados en el requerimiento de elevación a juicio, al que tuvo acceso ADNSUR, son los siguientes: Ricardo Raúl Avalos; Mariano Ariel Giordano; Maximiliano Alonso; Rubén Ariel Valle; Luis Javier Fernández; Adolfo José Ibas; Raúl Alberto Pascual. Los siete nombrados son tripulantes del buque ‘Arturo Illia’ y a ellos se suma Raúl Alfredo Gémini, empleado de Antares Naviera, armadora responsable. Sobre Alonso, además, el fiscal solicita el sobreseimiento, ya que no surgieron elementos que permitan sostener la acusación en su contra.

2) Los hechos. Según plantea el fiscal federal Norberto Bellver en su requerimiento de elevación a juicio, buscará probar que “la contaminación ambiental con hidrocarburos de la costa de Caleta Córdova fue el resultado de la voluntad consciente y deliberada de los imputados”. El fiscal funda su acusación en el hecho de que los imputados, “luego de tomar conocimiento del vertimiento al mar de los hidrocarburos, se retiraron del lugar, sin dar aviso y sin implementar o solicitar la implementación del plan de contingencia que con tal decisi{on omisiva aceptaron la creaci{on de un daño ambiental con hidrocarburos, el cual efectivamente se verific{o sobre la costa local, afectando playas, acantilados, restingas de variados gradientes, pesquerías, flora y fauna marítima (…)”. El fiscal añade que incluso existieron “maniobras destinadas a ocultar el evento y hacer desaparecer rastros que el buque presentaba del hidrocarburo volcado al mar”. La acusación plantea que hubo conductas negligentes en las diferentes funciones que debían cumplir los tripulantes, a sabiendas del año provocado, lo que lleva la acusación hacia el terreno del dolo y no sólo de la culpa. Esto significa que la aplicación de penas previstas, en caso de llegar a una setencia condenatoria, serían más graves.

3) Las penas posibles. La escala penal de la aplicación de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos estipula penas de entre 3 y 10 años de prisión, en caso de probarse el dolo en el delito imputado, según precisó la abogada Sonia Ivanoff, al ser consultada por esta agencia.

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