COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Según informó, las audiencias se desarrollarán hasta el 28 de este mes en el marco del expediente que tiene como única querellante a Mirta Beatriz Calvo. “Se trata de mi madre quien no solo representa a la familia sino a la comunidad en su conjunto. Buscamos el esclarecimiento de las responsabilidades y sanción ejemplar que siente un precedente ante delitos ambientales de este tipo”, explicó Calvo.

Agregó que “será la primer causa por delito ambiental en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Capital Nacional del Petróleo que llegue a esta instancia. N°91000995/2009 / TO1” y pondrá en el banquillo a los 7 tripulantes del buque que generó el derrame hace 13 años.

En febrero último, la causa registró dos novedades: un pedido para que no prescriba la causa y la apertura de una investigación sobre el destino de los 5 millones de dólares aportados por la empresa Antares, protagonista del derrame, en concepto de resarcimiento al barrio en 2014.

Según se informó a comienzos de este año, el juicio estaba pendiente de realización desde hace varios años, ya que en 2016 la Cámara de Casación Penal decretó nulo el proceso de suspensión de juicio a prueba por el que se había beneficiado a los imputados, en tanto la empresa responsable abonó un monto de 5 millones de dólares en concepto de reparación.

En este marco, el Observatorio Petrolero Sur y la Fundación Ecosur presentó entonces un pedido al Tribunal Oral Federal en lo criminal de Comodoro Rivadavia, para que rechace el planteo de prescripción y extinción de la acción penal presentados en diciembre pasado por las defensas de los imputados en la causa por el derrame petrolero de 2007 en Caleta Córdova.

EL HECHO

El 26 de diciembre de 2007 se produjo un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova durante la maniobra de carga de un buque de la empresa Antares Naviera en la monoboya.

Trescientos metros cúbicos de petróleo tiñeron de negro la caleta de pescadores distante 20 kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia. El 3 de diciembre pasado -casi trece años después – las defensas de los imputados por infracción a Ley 24051 y art. 277 del Código Penal hicieron presentaciones ante el Tribunal Oral Federal para que se cierre la causa, según reseñó el OPSUR.

En un caso pidieron la extinción de la acción penal por conciliación, aludiendo a los acuerdos de compensación económica firmados entre la empresa, la provincia y algunos vecinos en 2014, por el que desistieron de continuar la acción civil; en otro, plantearon la prescripción por el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso.

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LOS CINCO MILLONES

En febrero de este año, se abrió también una investigación para determinar cómo se usó la indemnización que recibió Comodoro por el derrame de petróleo en Caleta Córdova. En 2014, la ciudad recibió unos 5 millones de dólares para remediar el impacto que siete años antes un derrame de hidrocarburos había provocado en la costa del barrio de pescadores.

A partir de una denuncia de los vecinos, la Justicia investigará el destino de esos fondos y a los funcionarios involucrados.

El derrame -el más grande de la historia de Comodoro- afectó unos 4 km de costa, contaminando cientos de aves, e impactando profundamente el ecosistema marítimo costero y -con él- la vida económica de los pescadores artesanales del barrio.

Se comprobó que el capitán del buque notó una mancha de hidrocarburo en el mar, pero en lugar de alertar rápidamente a las autoridades locales y cortar la carga, fotografió el derrame y lo envió al directivo de la empresa. Esta violación de procedimientos permitió que el crudo derramado alcanzara los 300 metros cúbicos.

En 2014, el gobierno de Chubut celebró un acuerdo transaccional con la firma Antares Naviera SA, que implicaba el desistimiento tanto del proceso civil como de la querella criminal, a cambio del ingreso de 5 millones de dólares como parte de "una solución adecuada y satisfactoria a la controversia suscitada a partir de los daños causados por la contaminación", indicaba el fallo homologado luego por el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

Según se indicó, con la sanción impuesta se cerraron total y definitivamente todos los rubros del reclamo con relación al derrame, y los fondos económicos debían ser destinados a la realización de obras de infraestructura que implicaran un beneficio directo para los habitantes de las zonas afectadas.

En febrero, el procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, informó que la Oficina Especial de Delitos contra la Administración Pública -a cargo del Fiscal Rodríguez- "investiga una denuncia por el destino de la indemnización por el derrame de petróleo en Caleta Córdova", según detalló en una serie de publicaciones realizadas en su cuenta oficial de Twitter.

Miquelarena recordó que, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno del Chubut y la empresa Antares Naviera S.A, "el dinero habría ingresado al Estado con destino específico a la remediación; sin embargo, se desconoce el destino del mismo y es precisamente esto lo que intentara dilucidar la investigación a cargo del Fiscal Rodríguez y su equipo".