RAWSON (ADNSUR) - El escrito de Leila Lloyd Jones presentado el último viernes en el que menciona supuestos contactos de su pareja, Gustavo Cardoso, con el abogado trelewense Guillermo Corneo, ya generó esta semana actividad en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal.
En estos tres días desde el lunes, fueron entrevistados por el fiscal Omar Rodríguez, en primer lugar Gustavo Cardoso, pareja de la diputada Lloyd Jones y a quien en su escrito menciona como receptor de la oferta en una reunión a solas, y también el diputado Ángel Chiquichano, a quien la legisladora menciona como partícipe de una de las reuniones de presentación del proyecto junto al diputado José Giménez, realizada en septiembre en la chacra de Cardoso.
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Lloyd Jones, en tanto, ya se desdijo acerca del supuesto cobro de 10 millones por parte de sus pares diputados para aprobar el proyecto de zonificación. Tras el polémico audio, no presentó pruebas a la justicia y derivó la acusación a supuestos diálogos de su actual pareja con "lobbystas" mineros.
En la jornada de este miércoles se realizaron pesquisas en un domicilio y un estudio jurídico de la ciudad de Trelew, en el que se secuestró un teléfono celular, una computadora, y documentación vinculada a la actividad del abogado vinculado a sociedades mineras, según confirmó el fiscal Omar Rodríguez.
DILIGENCIAS
En diálogo con ADNSUR, Rodríguez explicó que “se realizaron algunas diligencias en relación con la denuncia de la diputada Leyla Lloyd Jones a través de los audios que circularon. Me aboqué a la investigación, tomé algunos testimonios y consideré que había elementos para profundizar la investigación. Hoy se concretaron allanamientos y el secuestro de algunos elementos como una computadora, un teléfono celular y documentación que tienen relación con la cuestión minera, que pueden resultar de interés para la causa”.
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Indicó que estos secuestros se hicieron en torno “al abogado al que la diputada menciona en la denuncia. El hombre aparece –a prima facie- haciendo un ofrecimiento a una persona para que –a su vez- influya sobre un funcionario público, que son los diputados, para convencerlos que voten por el proyecto minero. A partir de los testimonios, era necesario hacernos de estos elementos para hacer una pericia y determinar si existen datos de interés que puedan colaborar con la causa”.
Respecto a los avances hasta aquí, sostuvo que “realicé varias entrevistas y aportaron un pendrive con conversaciones que no tienen que ver con el objeto de la investigación pero se vinculan con relaciones entre las personas y eso le dio un sustento mayor a los fundamentos para realizar las medidas”.
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En concreto, dijo que “mantuve entrevistas con un diputado y con Cardoso, que es la pareja de la diputada Lloyd Jones. El abogado nombró al Dr. Gabalachis como su defensor. Hubo otras diligencias en el Estudio Jurídico donde se secuestró una computadora y documentación relacionada con la actividad minera”.
Explicó el titular de la Unidad Especial que “la figura que se investiga es ‘tráfico de influencias’.
Finalmente, sostuvo que “recién, estamos en los primeros momentos. Esta actividad se imponía como necesaria para secuestrar los elementos y profundizar en la investigación. Después, se evaluará si hay elementos para hacer una ‘imputación formal’. Habrá que analizar la documentación, el CPU y la información que se puede extraer de los teléfonos”.