Según pudo saber ADNSUR a través de fuentes cercanas a la investigación, en los próximos días se resolvería el procesamiento de más de 20 personas involucradas en el caso que lleva adelante la Justicia Federal, a partir de las pruebas y testimonios recogidos en las últimas semanas, entre los que se incluyen los integrantes del sindicato Camionero, encabezado por Jorge Taboada, quienes recibieron la vacunación -a través de un circuito irregular- en la sede de su obra social. 

Pese al hermetismo de la investigación, esta agencia pudo establecer que la resolución de la situación procesal de los 24 imputados que ya prestaron declaración indagatoria se adoptará en los próximos días, en un expediente que ya acumula más de 100 fojas y que busca establecer las responsabilidades penales por la desaparición de 30 dosis de vacunas Sputnik V del hospital Regional. 

En la mayoría de los casos, las pruebas acumuladas inclinarían la balanza hacia el procesamiento de la mayoría de los imputados, quienes deberán responder, si el caso llega a juicio, a diversos tipos de delitos: desde el incumplimiento de deberes públicos, para la enfermera imputada por llevarse las vacunas, además de un superior del Area Programática, en concurso con malversación de bienes públicos, hasta el encubrimiento, que se imputa a quienes recibieron las inoculaciones.  

Vale aclarar que el procesamiento es una etapa preliminar, que puede ser apelada, pero de quedar firme esta medida, el caso quedaría listo para su elevación a juicio y oral y público. 

La maniobra de la sustracción de las dosis para luego ser vendidas a la obra social de Camioneros comenzó por un sistema con poco apego al control, según surgió en el cotejo de esos elementos, ya que tanto en la investigación previa de la Justicia Provincial como en la Justicia Federal se comentó que había listados escritos a mano, incluso con tachaduras y otras desprolijidades.  

El origen del faltante: 30 dosis del componente 2 

El día 26 de enero de este año, se retiró de la cámara de frío un lote con 100 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, de las que se aplicaron 70 a partir de turnos otorgados. En esa jornada, se guardó el remante de 30 dosis, junto a otras 10 que sobraban del día anterior, por lo que el sobrante era de 40. Sin embargo, al día siguiente, se constató que quedaban sólo 10 dosis, por lo que entre la tarde del 26 (después de las 18 hs) y la mañana del día siguiente habían desaparecido 30 unidades.

Una de las vacunadoras en la jornada del 26 de enero era la enfermera Analía Muñoz, según consta en las actuaciones judiciales, la misma persona a la que señaló Jorge Taboada como la enfermera que les ofreció la posibilidad de vacunarse en su obra social, luego de que se conoció la investigación judicial por el faltante.

“Nosotros pagamos el servicio de inmunización y recibimos una factura legal”, explicó el dirigente camionero desde su radio, para rechazar las sospechas en su contra.

Extrañamente, recién el 2 de febrero, 5 días después de detectarse el faltante de las dosis, se dio aviso a la directora del Area Programática, Miriam Monasterolo, quien en esa misma jornada dio inicio a una investigación administrativa y derivó el caso al Ministerio Público Fiscal, según consta en las actuaciones de los fiscales provinciales Andrea Rubio y Juan Carlos Caperochipi, quienes intervinieron en la primera parte de la investigación, cuando ordenaron el allanamiento a la sede de de la obra social de Camioneros. 

¿Por qué no se denunció el desvío del componente 1?

Uno de los elementos que se buscó establecer en la investigación de la Justicia Federal es por qué la sustracción detectada involucra a la segunda dosis y no a la primera: la deducción, por sentido común, es que hubo una primera sustracción de vacunas del componente 1, pero nadie lo denunció. Esa primera dosis se llegó a aplicar entre los días 7 y 8 de enero, según se habría constatado.  

También queda otra duda por despejar en la investigación: si la desaparición fue de 30 vacunas y los vacunados en camioneros totalizaron 20, según reconoció Taboada (15 personas de la obra social y 5 de la comisión directiva del sindicato, según sus declaraciones periodísticas), todavía restaría determinar adónde fueron las otras 10 dosis. 

En base a estos elementos, la investigación tendría hasta aquí, según fuentes consultadas, elementos suficientes para procesar a la mayor parte de quienes prestaron declaración indagatoria, por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, para los agentes del área sanitaria vinculados con el desvío de las dosis. Quienes llegaron a recibir la primera dosis de vacunas, por otra parte, serían procesados por el encubrimiento de aquel delito.