CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) – La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles la condena de 5 años y 10 meses de prisión contra el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, donde fue encontrado culpable del delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Tras un fallo unánime, al ex vicepresidente, detenido en el penal de Ezeiza, le queda la opción de apelar a la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal, compuesto por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo resolvió confirmar las condenas fijadas en el juicio por el Tribunal Oral Federal 4 para el resto de los condenados. Son los casos de José María Núñez Carmona, con 5 años y 6 meses de prisión, y de Nicolás Ciccone, con 4 años y 6 meses.
Según publica Infobae, fueron ratificadas las penas en suspenso de Alejandro Vandenbroele, con dos años de cárcel, Rafael Resnick Brenner, con tres y Guido Forcieri, con dos años y seis meses.
"El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua más 30 años adicionales
Boudou fue condenado en agosto del año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 por la maniobra en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.
En el fallo, además, los jueces inhabilitaron de por vida a Boudou para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención. En enero de este año, un fallo judicial favoreció al ex funcionario y fue liberado, pero en febrero, tras una decisión de Casación, volvió a la cárcel de Ezeiza.
Ahora, la Sala IV de Casación confirmó por unanimidad la sentencia por la que se había condenado a Boudou -como autor-, Núñez Carmona y a Vandenbroele -como partícipes necesarios- de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto Nicolás Ciccone fue condenado como autor del delito de cohecho activo. Asimismo, Resnick Brenner y Forcieri fueron condenados como partícipes necesarios del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
