COMODORO RIVADAVIA - Tres empleados municipales representados por el doctor Sergio Romero presentaron una denuncia ante Fiscalía en la cual se certifica, por medio de prueba documental, que el actual secretario de Seguridad, Antonio Zuñiga, junto a su colaborador Velázquez – vinculado al crimen de Ángel Domínguez- incumplieron con sus funciones en distintos operativos, además de "participar de la recepción de dádivas a cambio de hacer o no hacer cumplir ordenanzas".

"Se presentaron algunas pruebas y también el detalle de procedimientos a llevarse a cabo para conseguir otras" en el marco de la denuncia, explicó el letrado en diálogo con El Patagónico.

En este caso, aparecen las figuras de "incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho", al entender que se aceptaron "dádivas para hacer o no hacer tareas propias o exigir cumplimiento de ordenanzas municipales" en boliches y otros espacios que se debían controlar.

Cabe señalar, que además de la denuncia para que se investigue la denuncia y se proceda a determinar la responsabilidad penal en el hecho, también se hizo una presentación administrativa para que el Municipio local determine si corresponde mantener en sus puestos a los funcionarios mencionados.

En este marco, Romero señaló que "en principio las persona de las cuales se ha obtenido evidencia están vinculadas a la secretaría de Seguridad, desde allí, el fiscal tiene la potestad de extender la responsabilidad a los demás funcionarios que están vinculados a este hecho".

En cuanto a las personas que promovieron la denuncia, no se brindaron demasiados detalles aunque una vez que actúe el fiscal en el caso, se podrá conocer sus identidades. "Se trata de empleados que se verían afectados en el caso de no denunciar, en un examen moral, decidieron realizar la denuncia, sin fines propios, atento a lo que indica la ley y las ordenanzas municipales", indicó el abogado.

Respecto a las personas mencionadas en la denuncia, resta conocer qué determinación se tomará sobre su trabajo. En este punto, Romero recordó que Velázquez, a pesar de estar vinculado al crimen de Ángel Domínguez y ser penado con 3 años en suspenso y siete años de inhabilitación para conducir, no dejó de cumplir funciones en la Secretaría, por lo que se pretende que se cumpla su sanción.

CRIMEN DE ÁNGEL DOMINGUEZ

Velázquez fue encontrado culpable por la muerte de Ángel Domínguez, un ciudadano atropellado por una camioneta de la Secretaría que conducía en pleno centro de la ciudad, el 18 de mayo del 2014.

Según la parte acusadora, el episodio se registró a las 5:34 de ese domingo sobre las calles San Martin y 9 de Julio. Juvenal Velázquez, jefe de operaciones de la Secretaría de Seguridad municipal, conducía una Volkswagen Amarok, acompañado por Luis Cortez y un tercer empleado. De acuerdo a la reconstrucción, el rodado se detuvo ante la pelea callejera que protagonizaban Domínguez y su ex yerno, Juan Carlos Espinoza.

Al encontrarse Domínguez tendido sobre la calle, Velásquez movió el rodado no prestando la debida atención, avanzó y atropelló a la víctima provocándole una gran presión sobre sus costillas. La maniobra fue observada por Cortez, quien efectuó desesperadas señas a su compañero para que retrocediera el vehículo.

Para la acusadora pública, Cortez no notificó en ningún momento sobre el hecho a la autoridad policial, razón por la cual consideró que con ello ayudó a Velásquez a eludir la Justica.

Domínguez falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático producto de las graves lesiones sufridas al ser atropellado, aunque en un principio ese día trascendió que la causa de su muerte había sido una patada en el cráneo de su contrincante.

Más tarde sería la viuda de Domínguez quien denunciaría públicamente el ocultamiento al advertir en su cuerpo -mientras lo vestía para el velorio- que tenía marcadas huellas de neumáticos, lo cual no había sido advertido por el forense.

De esa forma, la fiscal Codina calificó el caso para el chofer de la Secretaría de Seguridad que conduce Carlos Marsó de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo". Mientras tanto, Cortez fue imputado por el delito de encubrimiento por favorecimiento para sustraerse a la Justicia.

En el mes de abril del año pasado se presentó un acuerdo de juicio abreviado contra los dos empleados municipales. En esa oportunidad se hizo saber que el imputado Velazquez convino con la acusadora una pena de 3 años de prisión en suspenso, más siete años de inhabilitación para conducir y aceptó además la responsabilidad penal del hecho delictivo que se le atribuyó en la acusación.

Fuente: El Patagónico

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