Causa "IPV II" en Comodoro: los imputados admitieron su participación y se reconocieron autores de los hechos
Son 3 los imputados que esperan la resolución del próximo 4 de marzo, para ver si el Tribunal homologa o no el acuerdo abreviado entre las partes que presentaron este lunes. Están acusados por la comercialización de “carpetas adjudicadas”, en referencia a viviendas construidas por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Este lunes por la mañana, se presentó un acuerdo abreviado entre las partes, en el cual los imputados, asesorados por sus defensores, admiten voluntariamente su participación y autoría en los hechos imputados y aceptan la pena propuesta de: 5 años de prisión efectivos para Maximiliano González y de 3 años de prisión efectivos para Claudia Britez y Ariel Villagrán.
Finalmente, el Tribunal pasó a deliberar y el próximo lunes 4 de marzo, a las 9.00 hs. dará a conocer su resolución, si homologa o no el presente acuerdo.
Según consta en la acusación oficializada en la audiencia del 27 de octubre pasado, previa a la elevación a juicio, entre los ilícitos ideados se incluían la venta de viviendas de propiedad del IPV, ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, pese a que la comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI.
LA PALABRA DE UN ABOGADO DEFENSOR
En diálogo con ADNSUR, el abogado defensor de Maximiliano González, Guillermo Iglesias, explicó, “se imputa cierto favorecimiento a personas que han pagado para obtener viviendas. Eso determinó el fiscal como acción ilícita, con la modalidad de delito continuado, del delito de estafa. Es decir, que él junto con ese grupo de personas, engañó a personas para sacarle dinero con la idea de que el futuro les ha sido una vivienda”, detalló.
En relación al acuerdo abreviado entre las partes presentado este lunes, señaló “hicimos un acuerdo, hay un nuevo fiscal, que le dio un nuevo enfoque al caso, acertado a mi juicio" y agregó, “se trata de aceptar la pena de 5 años de prisión por esos hechos. Si el tribunal resuelve o admite el juicio abreviado, empezará a cumplir la pena acordada”.
En ese caso, “cuando la sentencia quede firme, se evaluará si tiene tiempo para cumplir en detención o si ya con el tiempo que lleva en esta modalidad se da por cumplida la parte de la pena que se ejecuta en cumplimiento”, destacó.
En tanto, señaló que, las otras dos personas asistidas por otro colega, “firmaron otro acuerdo con una pena menor, porque, según el fiscal, tienen un grado de intervención mucho más leve que mi defendido”.
El Ministerio Público Fiscal fue representado por Adrián Cabral y Verona Dagotto, fiscales generales. Como querellantes participaron Daniel Fuentes y Sergio Romero. La defensa de González fue ejercida por Guillermo Iglesias; y la de Britez y Villagrán por Selva Scatena, abogados particulares de los mismos. El tribunal de debate fue presidido por Raquel Tassello e integrado por Ariel Tedesco y Lilian Borquez, jueces penales.