RAWSON (ADNSUR) - Ante la iniciativa de legisladores de Juntos por el Cambo y del oficialismo de promover una reforma a la Ley de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, que regula el procedimiento de jury a jueces, defensores y fiscales, el actual procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, envió una nota a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, con argumentos para evitar que se le quite la facultad de emitir un dictamen previo vinculante ante cada acusación del Consejo de la Magistratura contra un funcionario.

En la nota, asegura que es su deber cumplir con criterios de objetividad y legalidad ante cada acusación, y que si llegara a desestimar una elevación a jury, siempre le queda al consejo de la Magistratura la posibilidad de constituirse como querellante.

Además, el procurador dijo que, si el argumento es que él puede llegar a proteger a fiscales que pueden ir a un jury, esto no tiene asidero en el pasado, en el que ha jugado un rol protagónico en acusaciones contra varios fiscales que estaban bajo su dependencia. Y en todo caso, advirtió que cualquier reforma de este tipo debería ser bien estudiada, para no entrar en un “terreno complicado” que pueda llegar a violentar el texto de la Constitución Provincial.

Destacó Miquelarena, en diálogo con ADNSUR, que “en los casi 13 años que llevo en el Procuración y en una cantidad de magistrados de todo orden, sean funcionarios, fiscales, defensores o jueces, que me ha tocado acusar, lo hice fundándome en estos principios de objetividad y legalidad. No hay razón ni norma alguna de orden inferior a la Constitución que pueda obligarme a realizar una acusación violentando estos principios sin hacer un análisis serio sobre la legalidad de lo que me llega”.

Agregó el procurador que, por otro lado, “si de lo que se trata es evitar que se frustre un Informe o un dictamen o un sumario del Consejo de la Magistratura, que la Constitución dice que se debe elevar al Superior Tribunal de Justicia, la propia ley establece en el artículo 12 la figura del ‘acusador particular’ que es el querellante”.

En consecuencia, sostuvo Miquelarena que “el Consejo de la Magistratura –en todos los casos- podría constituirse como querellante particular y llevar adelante el impulso de la acción, sea porque acompaña al Procurador que también acusa, o sea porque el Procurador decide no acusar por ver violentado los principios de objetividad y legalidad. No entiendo los fundamentos de esta Reforma”.

Respecto a las sospechas que genera que haya denuncias contra fiscales como Fernando Rivarola o Héctor Iturrioz, que pudieran llegar a ser protegidos por su persona como jefe directo, respondió el procurador que “personalmente he denunciado ante el Consejo de la Magistratura a algunos que otros fiscales y me ha tocado la desagradable tarea de acusar en un ‘jury de enjuiciamiento’ a más de un fiscal, y algunos han sido destituidos. La verdad es que no entiendo ese argumento”.

Respecto a la validez constitucional de una reforma de este tipo, sostuvo Miquelarena que “los diputados pueden entrar en un terreno complicado. Una cosa es ampliar competencias y reglamentar la figura del ‘acusador particular’ o el querellante en el Consejo de la Magistratura y otra es suprimirle a la Procuración competencias que tiene por la Constitución”.