La violencia de género constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3); del derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5); de la igualdad ante la ley y el derecho a igual protección de la ley (art. 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (arts. 8 y 10); del derecho a circular libremente (art. 13), y de la libertad de reunión y asociación (art. 20).

Violencia de género y derechos humanos

Por otra parte, se ha comenzado a reconocer que la violencia de género constituye una violación del derecho a la identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión del ser humano; del derecho al afecto, debido a que la violencia es la antítesis de toda manifestación de esa índole; del derecho a la paz y a relaciones personales enriquecedoras, ya que es una forma negativa de resolución de conflictos; del derecho a la protección, debido a que crea una situación de desamparo, que no proviene sólo del esposo y la familia sino también del Estado, que niega protección a las mujeres, y de la sociedad que invisibiliza el problema; del derecho al desarrollo personal, puesto que las víctimas sufren una parálisis psicológica que les impide desarrollar su potencial creativo; del derecho a la participación social y política, debido a que coarta la realización de actividades extradomésticas (con excepción de las mínimas relacionadas con los roles tradicionales), como la participación en organizaciones, grupos o reuniones; del derecho a la libertad de expresión, y del derecho a una salud física y mental óptimas.

Un correcto abordaje por parte parte del Estado y de las instituciones intervinientes, dependerá en gran medida de una conceptualización adecuada y clara, tanto respecto a su origen como de sus implicancias.

La consigna y el movimiento social generado en torno al #NiUnaMenos ha proporcionado en la actualidad una base social más amplia para la sensibilización, la denuncia y la solidaridad frente a estos hechos. Pero somos concientes que aún falta mucho más. La conquista efectiva del derecho de vivir libres sin violencia es a lo que apuntamos como sociedad.

La gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género, exige acciones urgentes para apoyar y proteger a las víctimas y lograr que las mujeres puedan hacer valer y ejercer sus derechos como personas y que la sociedad cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores.

De igual modo, es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán visualizar a mediano y largo plazo.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chubut creemos que no es posible adoptar medidas para hacer frente a esta problemática sin la participación conjunta del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, confluyendo los tres poderes de Estado en acciones positivas, resguardos y garantías conforme lo que emana de las leyes vigentes y tratados internacionales.

La equidad de género solo se conseguirá si hay justicia social. Requisito imprescindible para crear una sociedad más justa y equitativa y lograr un verdadero desarrollo en paz.

Fuente: Gobierno de Chubut

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