Cibercrimen en Chubut: estafas desde penales hasta el robo de millones en línea

Internet modificó la vida de las personas y las redes sociales convirtieron todo en un entorno digital difícil de escapar. Hoy forman parte de la identidad virtual de las personas, siendo un escenario ideal para diferentes tipos de delitos, desde estafas hasta el acoso.

En Chubut, hace unos años se creó la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, un área del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar los delitos que se dan en entornos digitales.

Fernando Rivarola es el jefe de esta Unidad. El fiscal, junto a un equipo interdisciplinario de 9 personas, se encarga de llevar adelante la investigación de diversos casos. “Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar”, dice Rivarola al adentrarse en el tema. “Cuando uno habla de cibercrimen está metiendo en un mismo conjunto distintas conductas: algunas son cibercrimen y otras son delitos comunes, pero cometidos en un entorno digital. Pero tenemos algunos delitos que solo son viales a partir de las telecomunicaciones. El Grooming, por ejemplo, es uno de ellos. Antes el acoso personal no estaba tipificado como delito, ni lo está ahora. Entonces solo es posible en entornos digitales. Lo mismo pasa con lo que se conoce como el pedido de rescate por la encriptación de datos. Son organizaciones internacionales que desarrollan softwares que se infiltran en un ordenador o un sistema, encriptan ese sistema y para desencriptar piden un rescate. Esa conducta no existía antes de internet. No era posible”. 

Los delitos son muchos, desde el grooming, como dice Rivarola, hasta las estafas y el tráfico de material de abuso sexual infantil, un delito que siempre existió pero que en las plataformas encontró otros caminos de distribución. 

En ese sentido, Rivarola, es contundente. “La gran proporción de delitos que manejamos todas las fiscalías son estafas o defraudaciones cometidas en entornos digitales, que no quieren decir que sean defraudaciones informáticas propiamente dichas, porque hay un tipo penal 173 inciso 16 incorporado en nuestro código, que es la defraudación informática propiamente dicha donde se verifica todo lo que es manipulación informática, es decir, se modifican los sistemas y esto hace que un flujo de dinero de activos vaya a manos de los delincuentes”. 

“Pero el gran número que trabajamos todas las fiscalías son defraudaciones con distintas modalidades. Algunas muy simples, muy lineales, como el mal llamado hackeo de WhatsApp. El tema es que antes el estafador tenía que poner su cuerpo, su cara, hacer la puesta en escena y ahora lo hace a través de internet. Nosotros trabajamos con toda esa variedad de delitos”.

FÁCIL ACCESO Y SIN LÍMITES GEOGRÁFICOS

Uno de los principales problemas de este tipo de delitos es el fácil acceso que tienen los delincuentes a la estructura para poder llevarlos a cabo. Rivarola lo dice: “armar una estructura no es complejo, solo se necesita un teléfono celular y ni siquiera se necesita ser muy inteligente o estar muy preparado. Solo se necesita alguien que indique cómo hacerlo y de qué modo engañar a la víctima”.

“Hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la extorsión, otra modalidad que genera mucha preocupación, porque principalmente proviene de centros de detención. Entonces ahí hay otra problemática, porque la actividad ilegal se puede hacer aún estando en un centro de detención, lo cual es toda una paradoja. Nosotros verificamos a diario que muchas estafas o extorsiones provienen de centros de detención o comisarías de la provincia o de otras provincias, y ese es un gran problema que tenemos”.

En estos casos, suelen ser estafas de baja proporción, en virtud de que también existen grandes organizaciones dedicadas a crímenes millonarios. La Unidad de Cibercrimen, a lo largo de su historia, ha tomado intervención en delitos de otra magnitud, con otro tipo de organizaciones y otro tipo de montos. 

En uno de los casos, la víctima fue una empresa por una cantidad de 40 millones de pesos. El robo formó parte de un ataque que movió 300 millones de pesos, con víctimas de Córdoba, Mar del Plata, Lanús, entre otros lugares, y solo en un par de horas. 

Ese caso se encuentra en etapa de investigación. En ese sentido, Rivarola explicó: “Logramos identificar 10 personas con algún grado de responsabilidad. En el tránsito del dinero se verifica también el enjambre de cuentas, porque el dinero proveniente de las estafas empieza a circular por un enjambre de cuentas y el dato de color es que también identificamos a un ciudadano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; una persona detenida cumpliendo una pena federal con arresto domiciliario. Se secuestraron importantes dispositivos, incluso uno bastante complejo para copiar los lenguajes online de tarjetas de crédito, alarma, etc.” 

Se presume que ese malware llegó desde Brasil con una mecánica de home banking muy particular.

Otro caso importante fue el robo a un banco de la zona, a través de la modalidad “estafa al CEO”. En ese caso, el engañado fue un oficial de cuenta que habilitó un canal digital para una cuenta empresa. El robo fue de 12 millones de pesos. El caso, que ocurrió en 2022, se encuentra en instancia de imputación en la jurisdicción de Trelew. 

“Este tipo de delitos es mucho más complejo”, admite Rivarola. “Hablamos de organizaciones más estructuradas, con mayor nivel de preparación y que generalmente provienen del exterior. Nosotros los denominamos ataques porque son actividades de organizaciones que van dirigidas a un número muy alto de víctimas, a nivel regional, incluso nacional e internacional. A veces logran una modalidad muy efectiva y generan un importante número de casos. Realmente transitan millones y millones por día en cuentas que viven tres o cuatro días, porque la cuenta se crea a fines de la organización hasta que empiezan a tomar intervención fiscalías especializadas y una de las medidas que se toma es el bloqueo de las cuentas.”

Precisamente, este es otro de los inconvenientes que enfrenta el sistema judicial: lo fácil que resulta en la actualidad abrir una cuenta bancaria o de una billetera virtual, ya sea en pesos o en criptomonedas. 

“Es toda una nueva complejidad y una multiplicidad de recursos financieros que hacen que la cuestión sea mucho más compleja”, admite Rivarola. “Este es uno de los principales inconvenientes que tenemos en la investigación, porque hoy un ciudadano argentino puede abrir desde la comodidad de su casa unas 200 billeteras entre bancos y billeteras virtuales, y puede empezar a operar en ella sin ningún tipo de limitación, más allá de los controles del Estado en lavado de activos, impositivos y demás.”

Ante este panorama, la única alternativa es capacitarse y trabajar. La unidad especializada participa en capacitaciones, foros, e integra el Observatorio Nacional de Cibercrimen. El equipo está integrado por licenciados en informática, en criminalística, abogados y un psicólogo especializado en perfilación criminal.

“Los desafíos son constantes”, asegura el fiscal. “Es una carrera permanente contra organizaciones delictivas que utilizan todo lo que la tecnología les da. De modo que hay un permanente desarrollo de herramientas que ayudan a la investigación, hay actualización de legislación procesal y ahora estamos con un desafío muy grande de poder investigar los criptoactivos y prepararnos para los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial que comienza a ser utilizada para todos estos delitos de los que estamos hablando. Estamos tratando de adquirir experiencia en el uso de inteligencia artificial, pero la capacitación debe ser constante, no hay otra forma de encarar el problema", se sincera.

Rivarola lo dice, el desafío es vertiginoso. Internet cambió la forma de comunicarnos y vivir en sociedad. Los cambios cada vez llegan más rápido y solo queda adaptarse, enseñar y prevenir para no ser víctimas de los cibercriminales, aquellos ladrones de guante blanco que antes engañaban cara a cara y hoy se apoyan en la tecnología para delinquir.