Coimas en VIP: "Zúñiga quiere ir a juicio porque no tienen pruebas"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio de la entrevista) – Este jueves se realizó la audiencia preliminar en la causa que investiga coimas para permitir el funcionamiento de un prostíbulo y que involucra a ex funcionarios municipales. Guillermo Iglesias es el abogado defensor del exsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Antonio Zúñiga, y de los empleados de esa Secretaría Juvenal “Maga” Velázquez y Cristian Barrientos, y en diálogo con Actualidad 2.0 recordó que “son seis imputados y todos van a hacer el juicio oral", acotando que "la audiencia de ayer fue bastante larga". En el caso de Zúñiga, mencionó que “está deseoso de ir a juicio, es una ventaja no un revés porque la imputación no tiene pruebas”. En este sentido, señaló que “la Fiscalía pidió 7 años para Velázquez y Zúñiga, y 3 para Barrientos”.

La audiencia preliminar que comenzó el jueves al mediodía se extendió por casi once horas. La causa que investiga trata de personas, tráfico de estupefacientes y cobro de coimas a cambio de "protección", tiene como imputados al Comisario Alejandro Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada, Juan Carlos Cuellar Gamboa, y los ex integrantes de la Secretaría de Seguridad Municipal Antonio Zúñiga, Andrés Juvenal Velázquez y Víctor Barrientos. En la audiencia los fiscales sostuvieron sus acusaciones, ofrecieron prueba y requirieron se eleve la causa a juicio oral y público ante un tribunal colegiado en virtud de las penas requeridas. Las defensas plantearon los sobreseimientos de sus pupilos, los cuales fueron rechazados.

“Ferreyra regenteaba un vip en calle Francia, y en ese momento Zúñiga estaba al mando de la Secretaría de Seguridad. En ese VIP no había actividad de la Secretaría, por lo que se entiende omisión, pero a la vez la Secretaría no tenía actividad porque había una actuación en el Juzgado Federal por trata y delito de estupefacientes. De modo que si él intervenía, podría frustrar la investigación”.

En este sentido, aclaró que la Secretaría de seguridad no controlaba porque el lugar era objeto de investigación federal y “lo que nadie puede entender es por qué no hay otros ex funcionarios municipales sometidos en este proceso”.

Al respecto, planteó que “Carlos Marsó está denunciado y próximo a tener una apertura de investigación porque Pulley hizo señalamientos de que cometió algunos delitos y la Fiscalía lo imputó, pero no lo incluyó en este listado de gente. Había gente que seguía a Marsó y otros que no, y derivó en que la Secretaría no hacía bien su trabajo”.

De ese modo, planteó que las denuncias son producto de una interna dentro de la Secretaría de Seguridad.

Consultado por escuchas vinculadas a una causa de prostitución, Iglesias indico que “el juicio será positivo porque hay un testigo que dice que fueron 3 dominicanas a la Secretaría a llevar bolsa de dinero porque dijeron que no la fueron a buscar”.

Respecto al cobro de 15 mil pesos por semana, Iglesias reconoció que “eso dijeron los testigos pero no sé de dónde sacan la información porque muchos dicen que alguien les contó, por lo que tendrán que explicar de dónde sacaron la información y con qué se corrobora”.

En el caso de Velázquez, el abogado recordó que “tiene una condena en suspenso (por atropellar a una persona) y quien lo representaba le aconsejó un juicio abreviado y él aceptó. Tiene una condena en suspenso de 3 años, con lo cual no puede tener otra salvo que se unifique”.

A su vez, indicó que “la fiscalía pidió 7 años para Velázquez y Zúñiga y 3 para Barrientos” además, sostuvo que en el juicio “habrá más de 100 testigos y mucha investigación a evaluar, estamos sometidos a la voluntad del fiscal. El juez no registró ninguno de los planteos. El de Barrientos no era claro y la jueza entendió que no tenía que corregirlo el fiscal porque imputa una participación secundaria”.

LIBERTAD A NADIA KESEN

Consultado sobre la libertad obtenida por Nadia Kesen, Iglesias informó que “en la sentencia que leí no hay violación de principio de concurrencia, lo que dice el Superior es que las pruebas no eran suficientes”.

“La razón por la cual dictaron la absolución es porque las pruebas eran insuficientes y el querellante no apeló”, sostuvo.