COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La economía familiar está en jaque, comenzó abril y la rueda de los compromisos que hay que afrontar comienza a girar. Alquileres, cuota de hipoteca, luz, gas y un sinfín de etcéteras que en medio de la pandemia del Coronavirus y el parate económico hace que nos preguntemos si podremos afrontarlos.  En ese marco, mediante los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 319 y 320, el gobierno nacional dispuso la suspensión de los desalojos por falta de pago de alquileres y el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 30 de septiembre. A eso se le sumaron prorrogas de algunos servicios básicos.

“Los que están alcanzados por el beneficio de este decreto son los jubilados, los carenciados, los que reciben ayuda social directa, aquellos que pueden demostrar que no están pudiendo trabajar por lo tanto no tienen los recursos económico” explicó  Fernando Lebrun, gerente Comercial de la Sociedad Cooperativa Popular Limita (SCPL) en diálogo con Actualidad 2.0. “Se ha visto disminuida la recaudación en todos estos días, por una cuestión lógica no tenemos abiertas las oficinas de la Cooperativa (SCPL), la gente también ha restringido su movimiento, la situación económica está muy disminuida”. En este sentido apeló a la solidaridad de los usuarios y al compromiso de los vecinos que sí pueden hacerlo para que “podamos primero contemplar el caso de aquellos que no están pudiendo y segundo sostener los servicios que son prioritarios. Sin servicios esenciales no hay salud y no hay seguridad”.

ECONOMIA FAMILIAR ¿CONVIENE PRORROGAR EL PAGO DE SERVICIOS

Alquileres congelados

Desde la Cámara Inmobiliaria de Comodoro Rivadavia, su  vice presidenta Liliana Maimo hizo referencia al impacto que tendrá el DNU dispuesto por el gobierno tanto para las inmobiliarias como para quienes deben afrontar el pago mensual de un alquiler. “Principalmente algunos peloteros, academias de baile, gente que tiene local de venta de ropa, ya venían manifestando problemas desde fines de año y ahora nos han adelantado que no podrán hacer frente a los alquileres de este mes”.

Por otro lado, “hay inquilinos que manifestaron ya su voluntad de seguir con lo que estipula el contrato porque ven que es muy difícil después remontar esa diferencia por más que se de en cuotas de seis meses, pagar a partir de octubre el valor que dice el contrato más la diferencia de esos seis meses que no se abonaron si es que se acogen al derecho que les da el decreto”.

Las inmobiliarias también se ven afectadas con estas medidas “porque nuestros honorarios son por hacer los contratos, es decir por renovaciones por contratos nuevos con clientes nuevos y un mínimo porcentaje que cobramos por administración cuando nos encargamos de cobrar alquileres que quedamos administrando la propiedad. Y el hecho de no poder cobrar honorarios por compra venta realmente estamos trabajando muy ajustados. Realmente nos afecta mucho”.