COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Hay sectores de la justicia habituados a una zona de confort, quizás por administrar el ritmo que deciden imprimir a sus investigaciones, según sea el interés público, la presión social o la sensibilidad política del hecho investigado. 

Pero también hay fiscales, particularmente, que “patean el córner y cabecean al mismo tiempo”, como suele definir la metáfora futbolera a quienes ejercen un rol sin las condiciones, recursos y herramientas adecuadas

“Me cansé de ver fiscales cómodos por no hacer nada”, dijo el fiscal Héctor Iturrioz en su descargo de defensa ante el Consejo de la Magistratura, en el sumario que se le inició por haber detenido a un ministro en funciones –lo que está prohibido por ley- en el marco de la causa Revelación, que investiga delitos de corrupción (coimas de empresarios de la construcción, asociación ilícita de funcionarios provinciales y sobre sueldos en la función pública). 

Provocó enojos hacia adentro de la estructura, pero acaso no esté tan desacertado, en un contexto en el que la justicia es cuestionada por lentitud, sobre todo en hechos de corrupción. 
 

Pocos días antes, la fiscal Camila Banfi debió cambiar rápidamente su “chip mental” –como dijo un colega periodista radial en ese momento-, en 20 minutos, tras terminar de alegar extensamente en el juicio por corrupción en el IPV, para impulsar la acusación contra vecinos por el linchamiento de la Fracción 14, en uno de los crímenes más conmocionantes –por sus impensadas consecuencias, además de haber asesinado a una víctima falsamente acusada de un supuesto parentesco con el violador de una criatura- de la historia de Comodoro Rivadavia.  

ACUSADORES ACUSADOS

Pocas veces ha sido tan claro el modo en que los encargados de acusar y perseguir a presuntos delincuentes, en particular a funcionarios y empresarios sospechados de incurrir en actos de corrupción, pasan a ocupar el lugar de acusados. 
 

La fiscal Banfi acaba de obtener una condena contra un ex delegado del IPV, a quien se le probó que exigió coimas y favores sexuales a cambio de entregar viviendas, en una sentencia condenatoria que no registra muchos precedentes en la historia de la función pública, pese a los notorios enriquecimientos de más de un funcionario tras su paso por algún cargo. 

Cierto es que a ese juicio, que ahora obtuvo una sentencia de prisión en cumplimiento efectivo y a inhabilitación perpetua para  ejercer funciones públicas, se llegó tras rechazarse el acuerdo de juicio abreviado que la misma acusadora pública había aceptado con la defensa, para que la pena de prisión quedara en suspenso y la inhabilitación fuera más atenuada. 

Toda la investigación en torno a este sensible caso, donde está en juego la entrega de 81 viviendas en una ciudad con absoluto déficit en esa materia, ha sido cuestionada por el Consejo de la Magistratura, donde Banfi afronta un sumario que por ahora la tiene con calificación insatisfactoria, lo que terminará de resolverse en el mes próximo.

Los errores que pudo cometer la fiscal durante el proceso obedecen, según admiten quienes siguieron el proceso de cerca y son especialistas del derecho, a la insuficiente capacitación de los fiscales para investigar delitos vinculados a la función pública. 

No es un problema de aptitud de las personas, sino de insuficiencia de recursos del sistema. No sólo en este caso, sino en general, como también lo muestra el burdo error cometido por dos fiscales y un juez (Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y Sergio Piñeda) en el caso Revelación, al detener a un ministro cuya inmunidad de arresto estaba garantizada por la Constitución, a excepción de que hubiera estado cometiendo un delito flagrante.
 

“Estamos más preparados para investigar al asesino detenido con el cuchillo que chorrea sangre, que para detectar redes de delitos cada vez más complejos, que involucran desde enriquecimiento ilícito en la función pública hasta lavado de dinero procedente de esos mismos delitos, o en otros casos del narcotráfico”, reconoce con extrema crudeza un integrante del sistema judicial.
 

Sin capacitación específica y sin recurso humano suficiente, el cóctel no puede resultar muy diferente. En la Circunscripción judicial de Comodoro Rivadavia hay 10 fiscales, mientras en el norte de Chubut hay 30. No se trata de restar allá, sino de equiparar aquí, en la ciudad con mayor población de la provincia.  

CRÍMENES IMPERCEPTIBLES

No pretende –ni corresponde a- esta columna ejercer una defensa de los magistrados cuestionados. El Consejo de la Magistratura determinará si hay mérito para iniciarles un juicio de destitución, para una sanción administrativa o para mantenerlos en el cargo si finalmente las acusaciones son revertidas. 
 

Importa, sobre todo, enfocar la falta de recursos reales (¿y de voluntad política?) para contar con equipos de investigación acordes a la complejidad de la época, salvo que el acuerdo tácito del poder –económico y político- sea el de mantener las cosas como están, si al fin y al cabo una justicia fortalecida e independiente es lo único que puede poner límites –en representación de toda la sociedad- a los delitos de corrupción, que son los que luego derivan en delitos comunes: la plata que se roba en forma sutil  (o descarada) es la que le falta al Estado para asignar más recursos (fuerzas policiales acordes, transporte público de calidad, redes de servicio adecuadas, etc) que mejoren la calidad de vida y eviten transformarnos en una jungla. 

Así, los crímenes imperceptibles son los que generan los crímenes impactantes, como la violación y el linchamiento de la Fracción 14. 


Y sin olvidar la frase del acusador acusado: la comodidad elegida por algunos, que pisan disimuladamente investigaciones por corrupción en las que no movieron un dedo, les garantiza atravesar sin sobresaltos un rol por el que nadie les pide que rindan cuentas.