Ante la quita de subsidios al transporte dispuesta por el presidente Javier Milei, el gobierno de Mariano Gaido en Neuquén se plantea con prudencia la aplicación de la tasa municipal a los combustibles para no trasladar el costo de la decisión presidencial a los usuarios del transporte público.
En un diálogo con la Cámara de Expendedores del Alto Valle, la cual expresó su oposición a la medida, se acordó como condición para no oponerse que la tasa se regionalice y no se aplique solo en algunas localidades. El gobierno municipal de Neuquén busca evitar perjudicar a estaciones de servicio ubicadas en municipios que no apliquen la tasa.
Fernando Schpoliansky, secretario de finanzas de la Municipalidad, explicó que la ordenanza que establece la tasa aún no fue promulgada y que la implementación de la medida está en fase de debate. La promulgación ocurrirá en los próximos días, y se espera un consenso con los expendedores antes de avanzar.
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Schpoliansky resaltó que la tasa a los combustibles surge como respuesta a la falta de fondos nacionales para el transporte público, consecuencia de la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno Nacional. El funcionario señaló que la existencia de la tasa perdería sentido si avanza la causa judicial contra la retención del Fondo Compensador del Transporte Público, medida adoptada por Milei.
La administración de Gaido no procederá con la imposición de la tasa sin llegar a un acuerdo con los expendedores. La tasa propuesta es del 4,5% de la facturación por combustible para las estaciones de servicio en la ciudad.
El intendente de Neuquén forma parte de una liga de intendentes del Alto Valle que surgió como respuesta a los recortes nacionales. La liga se unió para enfrentar la eliminación de los subsidios a los colectivos. Gaido, fundador del grupo de intendentes del país que se opuso a la quita de subsidios, condiciona la implementación de la tasa a movimientos coordinados con los municipios vecinos, tanto de Neuquén como de Río Negro.
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La Cámara de Expendedores del Alto Valle, presidida por Marcelo Pirri, exige la aplicación regionalizada de la tasa como condición para no recurrir a la Justicia. La preocupación radica en las desigualdades para la competencia que podrían surgir con una medida unilateral adoptada por un solo municipio.