La Legislatura de Neuquén se prepara para abordar un proyecto de ley que podría marcar un hito en la lucha contra la inseguridad en la provincia. El proyecto, impulsado por el bloque Hacemos Neuquén y respaldado por los diputados Alberto Bruno, Guillermo Monzani y Cecilia Papa, busca declarar la Emergencia en Seguridad Pública en toda la región, con el objetivo de afrontar de manera integral el creciente problema del delito.
La iniciativa legislativa propone una serie de medidas destinadas a fortalecer la seguridad en Neuquén, abarcando desde la participación activa del Estado y los municipios hasta la colaboración de los propios vecinos en la prevención del delito. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la reasignación de partidas presupuestarias para potenciar la labor de la Policía provincial y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
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En una entrevista radial, el diputado Alberto Bruno explicó que el proyecto surge como respuesta a las preocupaciones crecientes de los ciudadanos frente a la escalada del delito en diversas localidades de la provincia. Se busca, principalmente, dar prioridad a la seguridad ciudadana y recuperar la tranquilidad de los habitantes, quienes se sienten desamparados ante la falta de acción efectiva por parte de las autoridades.
El enfoque integral del proyecto contempla la implementación de estrategias de prevención del delito inspiradas en experiencias exitosas, como el modelo de tolerancia cero aplicado en otras ciudades. Esto implica no solo fortalecer la presencia policial en las calles, sino también promover el mantenimiento de espacios públicos, el desarrollo de programas de asistencia social y la creación de consejos locales de seguridad en aquellas áreas que aún no cuenten con ellos.
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Entre las medidas específicas propuestas en el proyecto se incluyen la rehabilitación de vehículos policiales, la expansión del sistema de monitoreo y la creación de programas de inserción integral para jóvenes en riesgo social. Asimismo, se establece la creación de una Comisión de Seguimiento de Seguridad Pública, encargada de evaluar el avance de las políticas implementadas y garantizar la transparencia en su ejecución.