Así se desprende del informe elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación, en el que fundamenta el recorte de esos beneficios para los sectores sociales que integran el 10 por ciento de los hogares con ingresos más altos en todo el país, lo que se tratará en audiencia pública la semana próxima.

El informe reconoce que el sistema actual es “pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política. Es decir, los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores ingresos y por lo tanto reciben un monto mayor de subsidios”, según se lee en el trabajo al que tuvo acceso ADNSUR.

La distorsión se genera porque el subsidio se aplica, en el caso de la electricidad, en forma directa sobre cada megaWatts consumido: cuando mayor es la capacidad de consumo de un hogar, directamente vinculado a sus ingresos, mayor es el aporte de subsidio que recibe del Estado.

Paralelamente, el gasto en energía de los hogares más pobres representa una mayor afectación de sus ingresos. Esto se verifica aun cuando el subsidio tiene mayor incidencia en comparación a sus ingresos, ya que los sectores más ricos, si bien tienen un subsidio más alto, éste representa una menor proporción frente a la magnitud de sus ingresos.

“El hecho de que la incidencia del subsidio sobre los deciles (así se denomina a cada sector de la población distribuido en 10 segmentos por franjas de ingresos) superiores sea baja, sugiere la posibilidad de disminuir el monto sin afectar negativamente la capacidad de pago ni el bienestar de estos sectores”, señala el informe.

El trabajo añade que la persistencia del sistema de subsidios actuales distorsiona los rangos de consumo, ya que al no percibirse el costo real de un servicio, se fomenta “un uso ineficiente de la energía, y esto genera impactos negativos que pueden perdurar en el tiempo”.

La propuesta del recorte a los subsidios: quedarán excluidos hogares con ingresos por más de 300 mil pesos mensuales

El informe de la S.E anticipa que se mantendrá el criterio de tarifa social para un conjunto importante de la población, para quienes el aumento en el precio de los servicios, a lo largo de todo este año, no debería exceder el 40 por ciento de la suba que tuvo el coeficiente de variación salarial (CVS) durante el año 2021.  

Como el CVS subió un 54 por ciento durante el año pasado, las tarifas en 2022 no deberían subir por encima del 21 por ciento. Sin embargo, esa meta será superada a partir de la convocatoria de la semana próxima, ya que a principios de año se autorizó una suba del 20 por ciento en electricidad y del 14 por ciento en gas, pero a partir de lo acordado con el FMI se apunta a reducir los subsidios. Por eso se apunta a un nuevo incremento de tarifas, que se definirá en las audiencias públicas a realizarse entre el 10 y 11 de mayo.

De todos modos, se considera un segundo grupo, de ingresos medios, que está en condiciones de sobrellevar un mayor costo de los servicios, de acuerdo con el informe. En esos casos, se deberían habilitar subas con un límite  del 42 por ciento en todo el año.

Por otro lado, en el informe se considera que existe un segmento asociado al 10 por ciento de hogares con mayor capacidad de pago que “está en condiciones de afrontar el costo pleno de generación sin necesidad de ser beneficiario de subsidios por parte del Estado Nacional. La razonabilidad del mayor incremento en este segmento también se ve justificada en el hecho de que destinan un porcentaje menor de sus ingresos a los servicios energéticos”.

El criterio para reducir el subsidio totalmente será para grupos familiares de 4 integrantes que superen 3,5 canastas básicas totales, que se estima que este mes ya estaría superando los 300.000 pesos.

“Es decir, que recién a partir de ese nivel de ingresos –sostiene la propuesta- se reduciría el nivel de subsidios de forma significativa. De forma complementaria, se consideró como titulares con alta capacidad de pago aquellos que posean aviones o embarcaciones de lujo, posean 3 o más inmuebles registrados o posean 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor”.

En esos hogares, entonces, el recorte de los subsidios implicaría un impacto directo, a valores del año pasado, de 4.121 pesos en la boleta de electricidad y de 2.651 pesos.

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