La SCPL, otra vez en llamas: deuda y polémico recambio de autoridades

La situación de la SCPL, enmarcada en un proceso de revisión de sus cuentas en el que participa la Auditoría General de la Nación y próxima a un período de recambio de autoridades, se enmarca en un contexto de incrementos tarifarios pendientes y la cercanía de una nueva temporada en la que serán frecuentes los cortes de agua. Con responsabilidades propias y postergaciones ajenas, la institución que presta servicios esenciales en la región afronta otra etapa crítica, atravesada por deudas que superan los 1.000 millones de pesos y un horizonte de pronóstico reservado.

Quienes conocen de cerca el entramado de la entidad comodorense no se mostraron sorprendidos por el pedido de licencia del actual presidente, Gabriel Tcharian, mientras se da tratamiento a la renuncia presentada al cargo de presidente del Consejo de Administración.

La pérdida de apoyo en el seno de la entidad fue paralela a la cercanía de la próxima asamblea general ordinaria, el 4 de noviembre, en la que se deberá dar tratamiento a la memoria y balance, además de una renovación parcial de autoridades. En ese marco, la interna que empieza a tomar forma postula a Fabián Quintana por un lado –actual tesorero- y a Mario Quinteros por el otro, uno de los miembros del consejo directivo desde hace varios períodos, que contaría con apoyo político desde un sector del gobierno municipal, al menos para asumir en la actual coyuntura.

Asumir la conducción de la entidad es hoy una tarea compleja, que el integrante del Tribunal de Cuentas Municipal, Gastón Acevedo, graficó con una clara metáfora: “aunque traigamos a Bill Gates –dijo el también presidente del comité departamental de la UCR- no vamos a salir de estos niveles de endeudamiento”.

En el horizonte cercano aparece la preocupación no sólo por el nivel de endeudamiento actual, sino porque éste no deja de crecer, en función de la suba de precios en el mercado mayorista eléctrico: una factura mensual que pasó de 90 a 130 millones de pesos, mientras que la entidad pretende trasladar a los usuarios para cubrir la diferencia mensual de 40 millones. Sin embargo, en el poder político de la ciudad miran con recelo, ya que hay dudas sobre la eficiencia administrativa de la entidad y esperan los resultados de la auditoría que realiza el TCM por encargo del Concejo Deliberante, con colaboración de la Auditoría General de la Nación, cuyo informe final se espera para diciembre próximo. “En este clima, no vamos a dar tarifas”, confiaron desde uno de los despachos oficiales, que miraban con preocupación los acontecimientos de los últimos días.

El tema es seguido también con atención en ámbitos provinciales. La reciente reunión del consejo consultivo de servicios públicos puso en agenda la posibilidad de que el Estado provincial salga a garantizar las deudas de las cooperativas frente a CAMMESA, con un compromiso de recupero posterior.

En todos los casos, se trata de salvaguardar el esquema cooperativo, diferenciado de un esquema de administración privado que en caso de asumir la prestación de servicios, demandaría además una tasa de rentabilidad que en teoría el esquema actual no tiene. Sin embargo, las dudas son muchas, sobre todo por el funcionamiento de empresas privadas que funcionan al amparo de la entidad cooperativa.

En ese contexto, la cercanía de la temporada de mayor consumo de agua anticipa la temporada de cortes semanales para reposición de reservas, en tanto la región atravesará un nuevo verano sin la finalización de la obra de repotenciación del acueducto. Claro está que en este caso no hay responsabilidad de la SCPL, ya que la obra depende de Nación y la inspección corresponde a Provincia.

De todos modos, se perdió un año más entre gestiones y expectativas de “sacar la obra del litigio judicial”, tal como se anunció en varias oportunidades, ya que en teoría “sólo falta terminar un 5% de la obra, que fue adjudicada a Cristóbal López, hoy preso y cruzado por los embargos judiciales en el marco de la causa por evasión fiscal iniciada por la AFIP.

Por eso muchos se sorprendieron con la asignación en el proyecto de presupuesto nacional de un monto de 794 millones de pesos para finalizar el proyecto, que además sumaría recambio de bombas y equipamiento obsoleto en el sistema acueducto: una cifra que a la luz de la última devaluación podría ser insuficiente para todo lo que en teoría se pretende hacer, pero que en cualquier caso resulta el doble de la licitación original de la postergada y tantas veces anunciada obra.

La región, integrada por cuatro ciudades y casi 500.000 habitantes, merece un acto de desagravio: si tampoco estará terminada en septiembre del año próximo, al menos tengan la delicadeza de no anunciarla, una vez más, en el cada vez más cercano turno electoral 2019.