Cada año, el 15 de junio se celebra el Día Global del Viento, coordinado a nivel mundial por la Global Wind Energy Council (GWEC), en cuya representación la Asociación Argentina de Energía Eólica entrega la distinción denominada ‘Embajador del Viento’.
“Es un reconocimiento que da la Asociación Mundial de Energía Eólica todos los años, a distintas personas que trabajan y han contribuido a incentivar la actividad eólica en el país –comentó Retuerto, quien es presidente de la empresa NRG Patagonia- y este año han tenido la deferencia de nominarme a mí”.
La distinción será entregada el mismo jueves en un acto a realizarse en la localidad de Castelli, donde la compañía tiene un aerogenerador en funcionamiento. “Es una satisfacción en lo personal pero esencialmente para todos quienes integramos la empresa y también para quienes impulsamos asociaciones como TES, por lo que hay que seguir bregando siempre por estos temas”, valoró Retuerto, en contacto con ADNSUR.
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PREOCUPACION POR LA LEY DE HIDROGENO
Ya en su rol de integrante del grupo TES, que viene impulsando la ‘hoja de ruta’ para el desarrollo del potencial de energías limpias que tiene la cuenca del Golfo San Jorge, Retuerto se refirió al proyecto de ley, recientemente presentado por el Ejecutivo nacional, que apunta a la regulación de la producción de este vector energético en el país. Sobre el tema, la mencionada asociación elaboró un documento con aspectos críticos de la iniciativa.
“Tenemos algunas observaciones sobre el proyecto y vemos que el desarrollo del hidrógeno verde, que es el que más potencial tienen Chubut y Santa Cruz por sus grandes condiciones de viento, queda bastante diluido en el proyecto, que apunta a impulsar principalmente el hidrógeno azul, que es el que se produce a partir del gas”, describió el especialista.
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De este modo, consideró que el aprovechamiento del potencial que tiene la región del golfo San Jorge “queda bastante diluido, porque se privilegia más al hidrógeno proveniente del gas, por lo que tiene un marcado sesgo gasífero. Debemos bregar para que nuestros legisladores busquen adecuar algunos artículos, de manera que nuestra región no pierda competitividad a futuro”, advirtió.
Entre los aspectos más críticos del proyecto normativo, mencionó que hay una mayor exigencia de incluir componentes nacionales en los equipos utilizados para el hidrógeno verde que por sobre el azul, con un porcentaje que empieza en el 35% en los primeros 5 años de proyecto, para elevarse al 45% entre los años 6 y 10, para pasar al 50% desde el año 11.
Comparativamente, para el hidrógeno azul la escala de 20, 30 y 40%, mientras que para el hidrógeno rosa (generado a partir de la energía nuclear) es de 30, 40 y 50%.
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La observación crítica es porque al haber una mayor exigencia para la producción de hidrógeno verde se limita su crecimiento, en tanto éste aún debe superar la curva del desarrollo tecnológico para su producción, ya que hoy sólo se produce en escala experimental. Por su parte, las fuentes gasíferas y nucleares ya están plenamente desarrolladas. En otras palabras, le sería difícil a los productores de hidrógeno de la región alcanzar ese componente de fabricación nacional en sus equipos, de forma competitiva frente a otros países.
Otro punto crítico es que el proyecto plantea que la infraestructura de líneas eléctricas que se necesita desarrollar debería provenir exclusivamente de la inversión privada.
“Es bueno que haya participación privada, pero si sólo depende únicamente de este factor, difícilmente nuestra región se va a poder desarrollar –advirtió Retuerto-. Entendemos que esto se tiene que debatir y cada región tiene derecho a bregar por lo suyo, pero debemos ser claros en que este proyecto no busca desarrollar el hidrógeno verde, sino que se trata de una ley de bajas emisiones de carbono”.
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“TENEMOS LA CANCHA INCLINADA”
Al criticar otro de los alcances del proyecto de ley, Retuerto reseñó que la retención sobre las exportaciones del producto se reducirán a cero a partir del décimo año de funcionamiento de cada proyecto, cuando en realidad ese plazo no alcanza para que una iniciativa de estas características alcance su madurez plena.
“Con mucho optimismo, un proyecto de estas características podrá comenzar a funcionar en no menos de 10 ó 15 años, por lo que el marco jurídico puede dejarnos en mucha desventaja frente a otros países de la región, ya que ya están trabajando en el tema, como Chile, Uruguay o Brasil. El proyecto nos pone la cancha inclinada y es necesario empezar a trabajar para modificar estos artículos, por eso lo estamos comunicando a nuestros legisladores nacionales y provinciales, tanto de Chubut como de Santa Cruz, para que conozcan nuestra firma opinión y podamos revertir esto que nos puede demorar mucho más en la línea de largada”, concluyó.