Este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe de sus equipos técnicos, conocido como el “Staff Report” y salió a pedir que en la Argentina se alcance un "amplio apoyo político" para garantizar el éxito de la nueva etapa de acuerdo firmado, por el que se liberaron US$ 7.500 millones.

"La implementación de programas decisivos, la formulación de políticas ágiles y la planificación de contingencias siguen siendo imperativo, y es posible que se necesiten medidas adicionales para lograr los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad", señaló el organismo.

"Si bien la sequía histórica resultó en pérdidas mayores a las esperadas en la producción agrícola, las exportaciones y los ingresos fiscales, la actividad no agrícola ha mostrado resiliencia, lo que refleja una demanda interna sólida, en parte gracias al resultado de desvíos en las políticas. La inflación y las presiones externas se han intensificado, con reservas cayendo a niveles peligrosamente bajos debido a la sequía y a una política de ajuste insuficiente. Los desvíos de políticas se reflejan en parte en limitaciones políticas y electorales", agregó.

Destacó que "el programa se ha desviado, reflejando la sequía histórica junto con desvíos y retrasos en las políticas. Los criterios de desempeño de fines de junio para la acumulación neta de reservas internacionales, el equilibrio fiscal primario y la financiación del déficit fiscal se incumplieron por amplios márgenes".

El FMI aseguró que la economía de Argentina caerá un 2,5% y exigió "apoyo político" para un nuevo acuerdo

"En términos más generales, los objetivos clave del programa (reducir la inflación y reconstruir las reservas) siguen siendo difíciles de alcanzar, ya que los desequilibrios han aumentado en el contexto de shocks externos y una débil implementación de políticas. Ante los retrasos en la finalización de la quinta revisión, más allá del calendario original de junio, las autoridades movilizaron financiación puente para mantenerse al día con todas las obligaciones financieras con el Fondo", indicó.

El organismo estima que la inflación del año cerrará en el 120 por ciento y que el PBI caerá un 2,5 por ciento.

El ministro de Economía, Sergio Massa, por un lado negocia con el organismo la aplicación del programa económico, un mal necesario en el cuadro del repago del crédito que vino a cubrir las obligaciones que generó el préstamo récord que se le otorgó a la administración de Mauricio Macri. Por el otro lado, critica públicamente al organismo: “la exigencia del FMI de pedirle una devaluación a la Argentina tiene impacto en la inflación”, dijo el ministro en relación al pedido del organismo de devaluar fuertemente el peso, que luego el Gobierno "moderó" hasta un 20 por ciento.

Desvío y presión

El organismo celebró las últimas medidas aplicadas por el Gobierno, en relación primero a la nueva versión del "dólar agro" junto al resto del paquete que compusieron la devaluación selectiva que se dio previo a las PASO, junto la reciente devaluación lisa y llana del peso, aplicada al compás de una nueva suba de la tasa de interés.

"El nuevo paquete de políticas busca reconstruir rápidamente las reservas y restablecer el orden fiscal a través de esfuerzos iniciales para realinear el tipo de cambio, así como políticas macroeconómicas más estrictas", dice el Staff Report.

El FMI aseguró que la economía de Argentina caerá un 2,5% y exigió "apoyo político" para un nuevo acuerdo

Sin embargo, el FMI advierte que "la medida devaluatoria recientemente adoptada deberá ir acompañada de una firme implementación de políticas monetarias y fiscales estrictas". El informe señala que "durante el resto del año será fundamental reforzar los controles de gastos. En particular, es necesario actualizar las tarifas energéticas para reflejar mejor los costos de producción y abordar los desfases anteriores en los salarios y pensiones (debido a la moratoria y las bonificaciones)".

Puesto en números, el FMI reclama un ajuste del gasto del 11 por ciento entre agosto y diciembre de este año. Además, dice que el aumento real anual de los salarios del sector público no debería superar el 3 por ciento.

"Para proteger el gasto social y de infraestructura prioritario, incluido el gasoducto, también será necesaria una mayor racionalización de las transferencias a las provincias y entidades públicas y una mejor focalización de la asistencia social", sigue.

En cuanto a la posibilidad que negoció el Gobierno de intervenir en el mercado cambiario para evitar nuevas corridas contra los dólares paralelos, el Staff aclara que "las intervenciones en los mercados paralelos de divisas y de futuros se limitarán estrictamente a abordar únicamente las condiciones desordenadas del mercado y ayudar a orientar las expectativas sobre el tipo de cambio y la inflación".

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