La iniciativa establece que las personas que en 2022 y en 2023 cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los hombres) y no tengan los 30 años de aportes que exige el régimen general puedan cubrir la deuda previsional con un plan de pagos.
Tras ocho meses trabado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos pudo aprobar el proyecto con la ayuda de aliados y después de haber conseguido el quórum con poca diferencia.
A partir de la nueva ley, las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años que no tengan los 30 años de aportes exigidos por el régimen general podrán regularizar los períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive.
Para ello, contarán con un plan de pagos en hasta 120 cuotas que serán descontadas de forma directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
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La novedad de la ley es que permitirá a las mujeres que tengan entre 50 y 59 años y a los hombres de entre 55 y 64 años y que saben que no llegarán a la edad jubilatoria con la cantidad mínima de aportes anticiparse y comenzar a pagar los períodos faltantes para garantizarse el acceso a un haber.
En estos casos, se podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios, y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración. La idea que plantea la ley es mantener una correspondencia con lo que aportan al sistema de seguridad social los trabajadores en actividad y en blanco.
La ley establece que este sistema de precancelación de la deuda previsional servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.
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Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme vaya avanzando en la cancelación de unidades y se vaya acercando su edad de retiro.