COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Tras la denuncia vinculada a una joven abanderada que no podía asistir al colegio por deber la cuota en la institución, la defensora pública Patricia Aranda confirmó en Actualidad 2.0 que “la institución nos ha comunicado por escrito y de manera fehaciente que Celeste puede continuar concurriendo a la escuela”. A su vez, remarcó que “una condición económica no podría afectar un derecho constitucional”.
Aranda explicó que “tenemos la instrucción de que cuando se publica en los medios de difusión alguna situación donde tengamos competencia, nos comunicamos con las personas en esa situación y les informamos que pueden acudir a la oficina o nosotros nos acercamos para ofrecerle asistencia jurídica gratuita”.
“Estamos en el área de defensa de derechos económicos y sociales, y el núcleo básico es la educación por lo que tomamos conocimiento de Celeste a través de los medios y tratamos de contactarnos con la mamá”, indicó.
Así volvía Celeste a la escuela este jueves por la noche
Sin embargo, sostuvo que “no hemos tenido la posibilidad de establecer contacto personal pero sí nos comunicamos con la institución Educativa (el Colegio Cervantes) para saber cuál era la situación” y aclaró que “la institución nos ha comunicado por escrito y de manera fehaciente que Celeste puede continuar concurriendo a la escuela y no hay ninguna cuestión desde lo educativo para que vaya a ser suspendida o demás”.
Al respecto, remarcó que desde la Defensoría “hemos mantenido contacto telefónico con la mamá y le hemos mandado un mensaje que no sé si habrá podido recibir, pero tenemos la constancia y se lo hemos transmitido a través de un mensaje”.
En relación al caso, indicó que “la familia estaría atravesando una situación económica deficitaria y una condición económica no podría afectar un derecho constitucional. Habría que buscar en cada caso particular la manera en que se salvaguarde el derecho del destinatario, en este caso, Celeste”.
En otro orden, planteó que “si una persona requiere apoyo psicológico, hay que gestionarlo donde corresponda. Si lo requieren por ésta u otra situación, habrá que ver cuáles son los mecanismos para arbitrar. Es decir, si tienen o no obra social o algún programa específico. En principio, de oficio, la oficina de Defensa no puede hacerlo. Pero si nos enterarnos que hay una vulneración de derechos, tomamos contacto con la persona afectada y hacemos las gestiones”.
Por último, aseguró que “no hemos sido consultados por otros casos pero las personas pueden concurrir a las oficinas ubicadas en Sarmiento 453 de lunes a viernes de 7 a 13 horas o comunicarse por teléfono al 4443530/3124/ 3540”.
