Sorpresivamente se suspendió la sesión en Legislatura por falta de quórum

RAWSON (ADNSUR / Corresponsal) - Estaba convocada para las 13, pero al no ingresar a tiempo al recinto el bloque del FPV, el vicegobernador Mariano Arcioni resolvió levantar la convocatoria, por lo que los temas pendientes pasarán al próximo jueves.

No se sabe si la estrategia del bloque de la mayoría fue dejar a la Cámara sin quórum por sus desavenencias internas, o si realmente se sorprendieron, pero lo cierto es que después de debatir media hora en la sala de reuniones mientras sonaba el timbre del llamado al recinto, los legisladores kirchneristas expresaron su asombro ante la decisión del Presidente de la Cámara.

Se sospecha que el tema que generó la demora fue la falta de consenso en el nombre para la fiscalía anticorrupción, propuesto por el sector que responde a Carlos Eliceche, que hasta el momento es el del doctor Guillermo Hansen. Hasta la semana pasada, parecía haber acuerdo interno, pero en la reunión de bloque de ayer, surgieron ciertos planteos que obligaron al postulante a visitar la Legislatura por la mañana.

Después de un extenso debate interno, y a pesar de que el tema no había sido incluido en el Orden del Día, estaba todo listo para su aprobación, pero la sesión se había suspendido. También estaba todo listo para que se tratara hoy nuevamente el presupuesto legislativo, que será ratificado por la misma cifra aprobada hace un mes, aunque se quitará el artículo del “goteo” que había sido vetado por el Ejecutivo.

En tanto los vetos a la Ley de Emergencia y a la ley de Ética Pública, van a permanecer en comisión para un mejor análisis, aunque todo indica que los proyectos podrían quedar archivados como parte de la nueva etapa de “diálogo” entre oficialismo y oposición, que muestra hacia afuera una “tregua” que permitió dar via libre a los gastos de bloque, viáticos, pasajes y seguramente al ingreso de los asesores políticos que aguardaban desde diciembre.

Por otra parte, ingresó para su tratamiento el aumento acordado entre el gobierno y el personal policial, que una vez aprobado será liquidado por planilla complementaria.