Pese a los anuncios, los usuarios pueden seguir sin pagar los aumentos

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, brindó detalles sobre la situación de las tarifas de gas en la provincia ante las medidas cautelares presentadas. Explicó que la causa legal será larga  y que en ese lapso la opción de los usuarios será pagar el 400% de aumento y en todo caso esperar a ganar el juicio y que se lo devuelvan, o no pagar con el aumento, con el riesgo de que si el juicio se pierde a futuro, haya que afrontar todo el retroactivo junto. Dijo que pese a que Nación quiere que la competencia sea de la Corte, el tema debe pasar por la Cámara Federal de Comodoro. Sostuvo que las cautelares están vigentes y que se “ordena al Estado nacional a refacturar de acuerdo a la tabula tarifaria de marzo, independientemente de este nuevo tope dispuesto que será un hecho nuevo a ventilar en juicio”.

Martínez Zapata explicó que “el procurador general del Tesoro (Francisco Balbín) se presentó ante la Corte Suprema solicitando de que, entendiendo que es un conflicto entre el Estado Nacional y la Provincia debe entender la Corte y no el Juzgado Federal. Es una cuestión de competencia que ni siquiera fue planteada en el ámbito del Juzgado Federal donde tramita la causa”.

“Hay que poner en valor que en vez de presentarse y fundamentar con cuestiones de derecho y de hecho el nuevo aumento de tarifas se recurre a un artilugio legal en cuanto a competencia para poder ganar más tiempo o tratar de llevar la causa a Buenos Aires”, disparó.

En contacto con ADNSUR, el fiscal de Estado mencionó en ese marco que “el propio reconocimiento de (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio de que han cometido errores en la implementación va de la mano con la estrategia legal”.

Subrayó que el fundamento “de la inconstitucionalidad es la inexistencia de audiencias públicas que prescribe la ley teniendo como preferente tutela al usuario, a la empresa o comercio. A pocos días de haber lanzado la medida y retrotraído la medida por las acciones que se interpusieron, en definitiva, la inexistencia de este requisito está latente y es el corazón de la presentación judicial nuestra”, explicó Martínez Zapata.

Sostuvo: “el fundamento del Gobierno Nacional en las resoluciones que atacamos refiere a que oportunamente se realizaron las audiencias públicas. Son las que se desarrollaron en 2006. Hace 10 años atrás, esa información querer aplicarla hoy nubla la cuestión constitucional de brindar información adecuada y veraz” ya que “la realidad del país es otra”.

Aclaró que éste “no es un proceso que se resuelva en dos días. Es hasta que se revisen las medidas cautelares; ni siquiera contestamos los traslados de la expresión de agravios de dos de las demandadas y luego recién ahí debe ir a la Cámara Federal de Comodoro que debe rever la medida dictada por el juez (federal Hugo) Sastre, si es correcta o no, y queda en instancias de la Corte”.

Juntan firmas para reclamar una tarifa diferencial de gas

Anticipó que “tenemos desde el punto de vista legal un largo trabajo”. Y remarcó que “todos los usuarios están cubiertos con este paraguas legal de las cuatro medidas cautelares e independientemente de las medidas que haya anunciado el Gobierno Nacional primero deberá ser cada usuario notificado” al respecto.

“El proceso tiene vigencia y el planteo judicial de fondo también. Uno de los pedidos cautelares que efectuamos es que quien haya pagado con la nueva tabula tarifaria que está impugnada podrá pagarlo y con la medida cautelar se le imputa lo que pague de más a crédito de futuras facturaciones”, resumió el fiscal de Estado.

“Hoy la orden judicial ordena al Estado nacional por más que estipule este tope del 400% (la sentencia del juez federal Hugo Sastre) a refacturar de acuerdo a la tabula tarifaria de marzo, a la anterior, independientemente de este nuevo tope dispuesto que será un hecho nuevo a ventilar en juicio”, enfatizó.