Luego del sacudón político que significó el anuncio realizado por el presidente Javier Milei de eliminar determinados fondos fiduciarios que “carecen de transparencia” porque forman parte de “cajas de la política” por unos 2 mil millones de dólares, y de atacar el sistema de los fideicomisos, queda preguntarse en cuánto esto puede afectar a la provincia del Chubut.
Hay que explicar que entre los fondos cuestionados se encuentra, por ejemplo, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a cooperativas de organizaciones sociales en un 9% para promover la integración de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que incluyen tierras de propiedad del Estado Nacional, de las provincias o municipios.
Otros fondos fiduciarios conocidos son el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), o el de Infraestructura Hídrica, y el más conocido por los chubutenses sobre todo desde 2020 en la gestión de Mariano Arcioni con el gobierno nacional de Alberto Fernández, y con la intermediación de Sergio Massa: el Fondo Fiduciario Federal.
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A través de este fondo, Chubut tomó una serie de endeudamientos entre 2020 y 2022, que fueron utilizados para gastos corrientes, específicamente para el pago de sueldos. Lo último que trascendió en la última ampliación presupuestaria aprobada en la gestión anterior, es que hubo un último acuerdo con Nación para refinanciar los vencimientos hasta enero, que ahora quedan para pagar en la gestión de Ignacio Torres.
En total, se habían acumulado unos $ 52 mil millones que se ajustan por CER, que vencerían en febrero de 2025 cuando terminaba la vigencia de la ley de creación del fondo, por lo que la gestión anterior buscaba que esa ley se prorrogara hasta 2030.
Por la decisión anunciada por Milei, es seguro que esa ley no será prorrogada, pero según averiguaciones de ADNSUR, se daría la potestad a quien esté a cargo del Ministerio de Economía de Nación, de seguir postergando esos vencimientos, por lo que no sería un perjuicio inmediato para Chubut.
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Por lo pronto, la gestión de Torres decidió no recurrir más a ese tipo de financiamiento, lo que significa que, tratándose de una provincia de las más discriminadas en materia de fondos discrecionales, siendo la última en la lista entre todos los distritos en el reparto de ATN, a Chubut el cierre de las “cajas de la política” no le afectarían en gran medida.
FIDEICOMISOS
Respecto a la cuestionada figura de los fideicomisos apuntada por Milei, hay que explicar que se trata de una herramienta que ha sido utilizada por Chubut, por ejemplo cuando el gobierno de Mario Das Neves la creó por ley en 2009 para la toma de empréstitos destinados a la obra pública que se financiaban con aportes externos que luego se cobraban de las regalías.
Concretamente, lo que hace un fideicomitente es transferir ciertos activos o propiedades al fiduciario, quien los gestiona de acuerdo con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso. El beneficiario es la parte que eventualmente se beneficiará de los activos del fideicomiso.
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Lo que sucede en la práctica es que el fideicomiso representa un mecanismo legal que separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. A través de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros, los beneficiarios.
Por lo tanto, cuando se aplica para el manejo de fondos públicos, tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto. Por lo tanto, su funcionamiento es mucho menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso y con instancias de auditoría que los fondos fiduciarios no poseen.
Desde ADNSUR explicamos que es una herramienta a la que piensa recurrir la actual gestión por ejemplo, destinada a financiar la construcción de viviendas, para activar el mercado de préstamos inmobiliarios que hoy está parado.
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En este punto, es importante aclarar que la decisión de Milei impacta en aquellos fideicomisos integrados con fondos federales, pero este caso abarca fondos provinciales, que saldrían por ejemplo del Banco del Chubut, una empresa privada con mayoría accionaria estatal. Por lo tanto, el anuncio presidencial no afecta la continuidad de esta idea.