BUENOS AIRES (ANDSUR) - El juez Claudio Bonadio informó el viernes por la noche que Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Julio de Vido eran los "beneficiarios finales" de los fondos recaudados por los Cuadernos de las Coimas.

Aseguró que durante ocho años funcionarios de menor jerarquía del Ministerio de Planificación les entregaban dinero a José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), y finalmente ellos los derivaban a manos de los expresidentes, informó La Nación.

Bonadio explicó que en lo que va de la investigación que ya suma 32 cuerpos, se decomisaron unos 250 cuadros valuados en 41,5 millones de pesos, más de 1.250.000 dólares, 235.000 euros y 6.350.000 pesos. Además se secuestraron pesos chilenos, uruguayos y reales, nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos, y una gran cantidad de autos y motos de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.

El juez indicó que los recaudadores eran Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma "Energía Argentina S.A. -"Enarsa"-).

Dijo que ellos fueron trasladados en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno.

El informe oficial de Bonadio fue difundido por el Centro de Información Judicial, que adjuntó fotos de los operativos y copias de las resoluciones mediante las que se rechazaron las excarcelaciones de los acusados.

Durante la investigación, que dijo el juez que se inició por una declaración de un testigo de identidad reservada, fueron detenidas 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad y hay dos personas con pedidos de captura.

Dentro de las personas imputadas, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena.

Fuente: La Nación.