COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá la entrevista) – Luego del ataque de una jauría de perros a un niño de 8 años que se encuentra internado con heridas graves en el Hospital Regional, el subsecretario de Control y Fiscalización, Daniel Campillay, remarcó la necesidad de contar con “una ordenanza de necesidad y urgencia por 30 días y salir con la perrera”, a la que consideró "una forma de controlar" la superpoblación canina. De hecho, anunció que entre lunes y martes acudirá al Concejo Deliberante para “presentar un proyecto para que avance la discusión”. Informó que este viernes "retiraremos a los 6 perros" que atacaron al nene y "serán estudiados en el dispensario canino durante 10 días para establecer si tenían rabia o no. Luego se espera de una disposición judicial que nunca llega”.

Campillay sostuvo que actualmente rige en la ciudad una “ordenanza de 1982. Si bien se presentaron proyectos, nadie tomó decisión política sobre la población canina. Se realizan castraciones y este año superamos las 6 mil anuales, pero, salvo eso, no podemos hacer otra cosa”.

La ordenanza “habla de la captura y eutanasia. Estamos elevando proyectos para el control de la población canina. Hay que derogar la ordenanza porque dependía de Medio Ambiente y es muy vieja por lo que es necesario actualizarla. Hay que volver a la perrera pero el contrato está mal confeccionado”, remarcó. Y agregó la empresa cobraba “por capturar perros muertos, pero los perros muertos no se capturan sino que se levantan”.

“La empresa Urbana no trabaja más con la perrera desde 2015 y nosotros dejamos de firmar la orden de captura porque no teníamos referencia de la captura que hacía. El dispensario canino está disponible. Entregarán los perros, serán castrados y dados en adopción. Hay superpoblación de animales y tiene que priorizarse la entrega mediante de la perrera. Tiene que estar y entiendo que a los proteccionistas no les gusta la palabra perrera pero tiene que estar”.

Por tal motivo, insistió en que “hay que sacar una ordenanza sobre la tenencia de animales y después sí actualizar de acuerdo a lo que quiere la sociedad. La idea es retirar perros, castrarlos, y entregarlos en adopción. El mismo Estado puede aportar caniles para la entrega de los perros”.

Campillay indicó que las castraciones son gratuitas, de modo que “mientras todos cobran, nosotros no cobramos, hacemos las castraciones con los trailers de esterilización. En algún momento habíamos planteado en Laprida castrar de lunes a viernes en horario municipal, pero el resultado de la castración no significa que no muerdan”.

En relación con los ataques a personas, consideró que “cuando hay estos tipos de incidentes, lo determina la justicia. Este caso es grave y nos ordenan el levantamiento de los animales. De hecho, en el transcurso de hoy retiraremos los 6 perros. Una persona los entregará y serán estudiados en el dispensario canino durante 10 días para establecer si tenían rabia o no. Luego se espera de una disposición judicial que nunca llega”.

Y aclaró que “en ningún caso se ha sacrificado a un perro”. Los animales permanecen en el dispensario canino “el tiempo necesario que lleve la adopción. Algunos están meses; de hecho, uno esta hace dos años” en ese lugar.

Consultado sobre el presupuesto, indicó que de manera anual son “400 mil pesos los que maneja el área de Fiscalización, de los cuales el 80% se utiliza en Abasto y Veterinaria para comprar insumos. Lo ideal sería establecer lugares fijos en los barrios para la castración”.

Insistió en que “se tendría que sacar una ordenanza de necesidad y urgencia por 30 días y salir con la perrera. Tenemos que hacer una ordenanza inmediata y que empiece a funcionar. Hablé con (el secretario de Gobierno) Máximo Neumann para que entre lunes y martes vayamos a presentar un proyecto para que avance la discusión. Yo no quiero que esto quede en el camino; tienen que armar algo que perdure en el tiempo”.

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