Otro fallo vincula la venta de droga con políticos en Chubut

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Dos condenados por narcotráfico revelaron estrechos vínculos con el peronismo de Trelew, según se desprende de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia al que tuvo acceso ADNSUR que se firmó este miércoles. Los jueces ordenaron que esos testimonios sean investigados por el Ministerio Público Fiscal. Hace dos meses, el Tribunal condenó con duras penas de prisión efectiva a 15 miembros de la banda de los “Apadrinados”, dedicada al narcotráfico de cocaína y marihuana en Comodoro Rivadavia y Esquel, alertando además sobre sus vínculos políticos.

Néstor Fabián “Mota” Curiqueo le dijo a los jueces que su labor para la campaña de 2013 en esa ciudad incluyó conseguir droga en Cipolletti e ingresarla al Valle para la “arenga” de los equipos de trabajo proselitista.

Para que le pagaran el estupefaciente, Curiqueo –según su versión- presentaba facturas C en Rentas de la Municipalidad por 30, 40 y hasta 45 mil pesos. Fue condenado a 6 años y siete meses de prisión. No dijo el nombre de quién le abonaba.

Este relato reveló que “la droga se iba a repartir por el tema político. Él se movilizaba en ese auto entre la gente que hacía la campaña y la entregaba. Le cobraba la droga al municipio de Trelew, le entregaba factura por la entrega de drogas, Boleta C, facturaciones por uso de auto y gastos varios”.

“No especificó quien pagaba, era por rentas de la Municipalidad. El precio de las facturas era de 30-40-45 mil pesos, sólo el período de elecciones. Explicó que representaba al Frente para la Victoria, la entregaba a la gente de la campaña, la droga era para el equipo que trabajaba, no para los votantes. La droga la entregaba para dar arenga. Dijo que siempre negoció con su plata. Que las ganancias por la venta de droga se estimaban en las facturas, las negociaciones con la parte política, no va a decir, era con la Municipalidad de Trelew”.

El caso incluyó otros 11 condenados. También otro hermano Curiqueo: Eduardo Antonio, alias “Lalo”. “Tiene trato con funcionarios políticos a diario como Gustavo Mac Karthy, Adrián Maderna, concejales como José Espina, Alberto Segundo, que está en Acción Social de la Municipalidad de Trelew, que es quien les da los bolsones de alimentos, y otros”, contó “Lalo”. Espina es hoy secretario coordinador de Maderna y Segundo fue un muy cercano colaborador de Pérez Catán.

“Es puntero político y a raíz de eso tiene trato con mucha gente, mayormente de los barrios, gente humilde, que por parte del Ministerio de la Familia y Acción Social, Echauri y él entregan bolsones y bolsas de alimentos. A futuro tenían un proyecto de panadería comunitaria, eso iba a servir para darle pan a la gente más humilde que no pudiera pagar el pan diario, y estaban solicitando al Estado unos puestos en el Mercado Concentrador que se está por llevar a cabo en Trelew”, declaró. Este Curiqueo fue condenado a siete años de cárcel.

Otro de los condenados a 6 años de prisión, Jesús Regolledo, confirmó que por aquellos años “repartían bolsones de alimentos a la gente, todos los 15 o 20 de cada mes y la entrega era rotativa, no era siempre a la misma familia, iban a actos, manifestaciones, movilizaban gente, iban casa por casa para avisarles el día y la hora que los pasaban a buscar, para un acto o lo que fuese. Que él ha retirado bolsones de alimentos del barrio San Martín, que está detrás de un Jardín, y después cargaban todo al auto y los repartían”.

En su voto, la jueza Nora Monella opinó que “no puedo soslayar una circunstancia que señalaron ambos imputados y es su vinculación con la política”.

“Eduardo empezó por reconocerse como puntero político, y por ello tener trato con mucha gente, mayormente de los barrios, gente humilde. Por parte del Ministerio de la Familia y Acción Social, entregaba bolsones de alimentos, que trataba con funcionarios políticos a diario, a los cuales mencionó”.

Sin embargo, “aún más relevante fue lo que puso de manifiesto Néstor Fabián Curiqueo, quien afirmó en su indagatoria ante el Tribunal que el viaje a Cipolletti significaba ir y volver con la droga porque al día siguiente eran las elecciones (dato que también revelan varios de los interlocutores), e iba a utilizar el estupefaciente distribuyéndolo entre quienes participaban en las mismas”.

“Afirmación que no dejó allí –subrayó Monella- sino que la extendió agregando que con ello él hacía negocio, que la Municipalidad de Trelew le pagaba por esa droga que él facturaba como servicios varios, en sumas que oscilaban los $ 30.000, 40.000 a $45.000, refiriendo quiénes eran las autoridades del Poder Ejecutivo”.

La jueza reflexionó que “estas manifestaciones que una vez más aparecen en las causas, vinculando actividades ilícitas de narcotráfico con la política y sus operadores, además de causar profunda preocupación reiteran la necesidad de avanzar en su investigación por los órganos encargados de la persecución penal, por lo que sin perjuicio de su presencia en la audiencia están a disposición de la Fiscalía las piezas pertinentes de esta causa para que proceda en consecuencia”.

También el juez Enrique Guanziroli coincidió. “Otra vez se advierte judicialmente en una de las más importantes ciudades de la provincia, la vinculación de la narcocriminalidad con algunos agentes públicos, en el ámbito de un equipo político partidario eleccionario, en espacios municipales, en otro Ministerio provincial, incluso con importantes funcionarios o exfuncionarios locales, que algunos imputados han nombrado en la audiencia”.

“Parafraseando el documento ´La cultura de la Muerte y el Descarte NO debe prevalecer en nuestro país´ de la Comisión de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal Argentina en el año que termina, allí se dijo “…Constatamos, con alarma y con dolor, que las bandas criminales están infiltradas en distintos sectores e instituciones de nuestra sociedad…Urge que las fuerzas policiales y de seguridad y los organismos en que se hayan infiltrado los intereses del narcotráfico, sean depurados…”.

Este criterio, consideró Guanziroli, “además de una obligación legal inexcusable, impone dar curso a las denuncias, -con la lógica prevención que los varios años transcurridos, ahora tornen estéril una investigación que a su tiempo debió desarrollarse- y que ejerciten los Magistrados Judiciales y del Ministerio Fiscal, en el ámbito de sus respectivas competencias las obligaciones propias de su estado, porque es un derecho de la comunidad, no sólo conocer la verdad frente al delito y saber quiénes son sus responsables, sino también, distinguir de sus funcionarios, quienes se conducen éticamente respetando la ley y quienes la violan inescrupulosamente, estafando la confianza que les ha sido depositada por la población”.