USUAHIA (ADNSUR) - La jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Mariel Borruto, suspendió por falta de personal en su juzgado las 18 declaraciones indagatorias de ex militares acusados de cometer actos de torturas durante la guerra de Malvinas.
Los ex integrantes de las fuerzas armadas debían declarar entre el 27 de junio y el 4 de julio próximos, según había dispuesto el 2 de mayo el juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete, antes de que Borruto asumiera el cargo.
Sin embargo, la nueva magistrada que juró en el cargo el 8 de mayo dictó una resolución en la que manifiesta la imposibilidad de realizar ese acto procesal debido a la falta de recursos humanos para destinar a la investigación, confirmaron a Télam fuentes allegadas al caso.
“No puede desconocerse que este juzgado no cuenta con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones, máxime tomando en consideración el incremento de tareas que ha traído consigo la convocatoria de los imputados a prestar declaración indagatoria”, fundamentó Borruto en un escrito.
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Agregó: “no puede desconocerse que los hechos que nos ocupan son de una trascendencia y complejidad que requieren de una especial atención” y recordó que sus antecesores en el cargo requirieron, incluso, la creación de una secretaría específica para esta causa.
La jueza también sostuvo que el edificio donde funciona el juzgado “dificulta que pueda garantizarse la normal realización de las audiencias fijadas, en la que se contará con la presencia de los imputados, pero así también, muy probablemente, de numerosas personas interesadas en el trámite de la presente”.
Ante ello, el secretario de Relaciones Institucionales del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, que interviene como querellante en la causa, sostuvo que a 12 años de iniciado el expediente y a 37 años de la guerra, “la decisión de la jueza Borruto resulta inadmisible”.
“Es una nueva dilación para un proceso donde las víctimas siguen esperando verdad, memoria y justicia. Es algo que nos sorprende porque los funcionarios judiciales no pueden excusarse en falta de recursos para brindar el servicio de justicia”, señaló Alonso en diálogo con esa agencia de noticias.
Mientras tanto, el abogado del equipo jurídico del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, consideró que el Estado “tiene la obligación y no puede poner excusas de este tipo para desarrollar una investigación de tamaña magnitud”.
“Esta suspensión vuelve a poner a las víctimas como moneda de cambio, vulnerando nuevamente el derecho de acceso a la justicia. Es otra muestra de revictimización y la responsable es la jueza Borruto”, dijo a Télam.
La causa 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Cecim.
