Pedido de coimas y favores, tráfico de influencias y otros mecanismos ilegales para entregar viviendas. Violaban el sistema de puntajes que marca la ley en detrimento de familias más vulnerables

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / EL ANALISIS DE LA NOTICIA) -La imputación que involucra a Abel Reyna y otros ex funcionarios del IPV Comodoro Rivadavia son 4 hechos: el primero se vincula con la asignación ilegal del plan de 81 viviendas de Ciudadela, modificando requisitos y puntajes, lo que configura incumplimiento de deberes de funcionario público. En segundo lugar se imputa cohechos activos (pedido de dádivas y favores a cambio de la entrega de viviendas); junto con ello, se imputan también exacciones ilegales (el abuso del funcionario público que ejerce su poder para exigir pagos para cumplir con su obligación) y por último, el tráfico de influencias, que implicaba la entrega de casas sin cumplir con el requisito legal de asignación, porque según testigos los legajos no pasaban por la administración central del Instituto, en Rawson.

Los cuatro delitos imputados al ex delegado local del IPV

Además de Reyna, hay colaboradores que son imputados de cohecho pasivo, ya que algunos de ellos también recibieron viviendas en forma ilegal.

Según detalló Banfi, a juicio irán Abel Reyna, Darío Acosta, Claudia Leonori (asesora letrada del organismo), Vanesa Consoli y Raquel Antimilla, mientras que el juicio oral y público podría tener realizarse con un juez unipersonal (sin integración de tribunal) ya que la pena máxima potencial es de 6 años de prisión, por el tipo de calificaciones delictivas imputadas.