La jueza Mariel Suárez, que está sometida a un proceso que podría derivar en su destitución como magistrada de Chubut, remitió una nota al Tribunal de Enjuiciamiento que debe resolver su caso, para solicitar los antecedentes de cada integrante de la Legislatura de Chubut en capacitación sobre temas de género, normados bajo la denominada ‘ley Micaela’. Lo llamativo del caso es que la presentación de la Suárez es a título de “vecina” con domicilio en Rada Tilly, cuando en realidad es parte del proceso que lleva adelante el citado tribunal en su contra.
La jueza Suárez afronta la grave acusación impulsada por el Consejo de la Magistratura, tras las denuncias en su contra, por sus polémicas visitas al preso Cristian Bustos, al que debía juzgar por el homicidio del policía Tito Roberts. En la acusación, se cuestiona la vulneración a la ley de Etica Pública por el comportamiento de la jueza junto al preso, que estaba bajo su jurisdicción y sobre cuyo juicio debía tomar decisiones aún vinculadas al proceso.
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En la nota dirigida al Tribunal de Enjuiciamiento, se presenta como “vecina” domiciliada en Rada Tilly y no alude a su carácter de jueza de la provincia, para solicitar que dicho organismo “se sirva informar si los miembros de la legislatura provincial han realizado las capacitaciones obligatorias sobre la ley Micaela número 27.499 desde el año 2020 hasta la fecha, informando las distintas integraciones del Honorable Tribunal de Enjuiciamiento”.
También exige conocer el detalle de la cantidad de horas de capacitación y los programas específicos vinculados a la ley y advierte que de no contar con respuesta en un plazo de 10 días, “la negativa configurará un incumplimiento que habilitará las acciones legales pertinentes”.
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El pedido, según se especulaba en algunos círculos, estaría orientado a impugnar la participación de algunos miembros del Tribunal de Enjuiciamiento en el juicio en su contra, ya que dicho organismo se integra no sólo por un representante del Superior Tribunal de Justicia y dos abogados en representación del foro provincial, sino también por dos diputados o diputadas de la provincia.
La composición para este año, precisamente, está representada por dos mujeres, ya que las titulares son las diputadas Mariela Williams y Mónica Sazo.
El pleno del Tribunal de Enjuiciamiento rechazó el planteo, por considerar que excede las facultades de cualquier ciudadano común, tratándose de una magistrada a punto de ser juzgada. “cabe advertir que la peticionante no resulta ser una simple vecina de Rada Tilly –advierte el acta de la sesión del pleno Tribunal, reunido para tratar el tema-, pues además de serlo se encuentra bajo proceso ante éste Tribunal. Lo que implica que su petición excede el requerimiento de cualquier vecino, sobre todo, que carece de motivación y legitimación suficiente para acceder a lo solicitado”.
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“No debe dejar de señalarse que, si la pretensión va dirigida a revisar los antecedentes académicos y de capacitación, deberá peticionarlo con la debida fundamentación respecto a las causas o sospechas que pesan sobre los miembros del Tribunal”, concluye la respuesta emitida por el organismo.