Iván Torres: pidieron penas de entre 12 y 17 años para los policías acusados

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En sus alegatos, los fiscales Teodoro Nürnberg y Miguel Palazzani solicitaron cárcel para los policías acusados por la desaparición forzada del joven en Comodoro Rivadavia. También pidieron cinco absoluciones. Los detalles de la hipótesis de los acusadores sobre lo que ocurrió con la víctima.

El titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Teodoro Nürnberg, y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Miguel Palazzani, pidieron penas de entre 12 y 17 años, y cinco absoluciones para los policías acusados por el caso de Iván Torres, el joven de 24 años quien desapareció en 2003 en Comodoro.

Los acusadores consideraron develada ante los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella “la hipótesis criminal” que indica “que los integrantes del móvil 469 que salieron a la 12:25 del 3 de octubre de 2003 de la Seccional Primera de Policía en recorrida –oficial Betvede, sargento Gómez y sargento 1º Fajardo- detuvieron a Torres en la parte posterior del edificio que correspondería al estudio jurídico del Dr. Chapelo, contiguo al local comercial que en 2003 era el bar ‘Caribean’”. Luego habría sido conducido a la Seccional 1ª y golpeado, “negándose la Polía a brindar información sobre su destino hasta la actualidad”.

Es la primera vez que se piden penas por desaparición forzada y que pueden lograrse condenas por ese delito, incorporado al Código Penal en 2011. Los fiscales argumentaron que el juicio probó que hubo privación legal o ilegal de la libertad; la falta de información el ocultamiento de la víctima, y la negación de la captura, con la sustracción de la víctima del amparo legal. “Estamos ante uno de los delitos más graves en materia de vulneración de derechos humanos: la desaparición forzada de una persona”. En su alegato repasaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina por este caso, en la que el propio Estado asumió su responsabilidad. “El Estado reconoció que el 2 de octubre de 2003 Torres Millacura se encontraba con dos amigos en la plaza Bitto de Comodoro. A la medianoche entraron a una heladería y vieron pasar cerca de Torres Millacura al patrullero 469 con tres policías. Pocos minutos después, cuando regresaron a la plaza, no encontraron a Torres Millacura. Desde entonces no volvieron a verlo”, dijeron los fiscales.

Recordaron que según los jueces de la CIDH, Torres “fue visto en la Comisaría 1ª por David Hayes quien, a través de una carta entregada a María Leontina Mullacura Llaipén (madre de Iván), declaró que una madrugada vio a través de una ventana de un baño cómo le pegaban varios policías a Torres Millacura, que cayó desmayado y que lo sacaron ‘a la rastra’ a una escalera que da a la Unidad Regional”.

Palazzani y Nürnberg recordaron las irregularidades encontradas por el tribunal del Sistema Interamericano que dan cuenta de “un accionar entorpecedor en este caso por manos de la Policía”: “Intervención de la Policía de la Comisaría 1ª los primeros días posteriores a la desaparición”; “El comisario y los policías hicieron averiguaciones luego de ser desplazados de la investigación”; “Trato con la madre por parte de algunos funcionarios policiales”, y “Amenazas sobre los testigos”.

“Cada vez que este Ministerio intentó corroborar extremos vinculados a las actividades o detenciones sufridas por varios jóvenes, nos encontrábamos con la misma situación: están muertos”. El fiscal ante el TOF y el titular de la Procuvin repasaron el contexto de hostigamiento y persecución policial que sufría, entre otros, Iván Torres, quienes circulaban por el centro de Comodoro Rivadavia: “David Hayes, Dante Camaño, Walter Mansilla y Héctor Alejandro Vidal están muertos”.

En su acusación, Palazzani y Nürnberg esbozaron una hipótesis para explicar cómo habrían llegado los efectivos a detener ilegalmente y desaparecer a Torres: “Su condición social (…) es muy simple y clara: persona de bajos recursos económicos, con situaciones familiares complejas, con problemas de adicción y procedentes de los barrios más alejados y carenciados”.

La noche del 2 de octubre de 2003 no fue la primera detención del joven. El 30 de agosto del mismo año había sido aprehendido por averiguación de antecedentes. Según el registro del Comando Radioeléctrico de Comodoro, el 26 de septiembre de 2003 a las 3:12 el móvil 479 de la Seccional 1ª se despachó luego de un llamado que alertó sobre la presencia de dos personas con “actitud sospechosa”.

Aunque en los libros de la dependencia no quedó registrado, Palazzani y Nürnberg consideraron acreditado que Torres fue detenido por policías cerca del Hospital Regional, y conducido a la Seccional 1ª, donde fue golpeado salvajemente.

El 30 de septiembre, luego de un robo en una remisería, una de las víctimas explicó que los ladrones eran “dos chiquitos” y que se habían dirigido a la vivienda de Torres. Los uniformados “allanaron” el domicilio. El oficial Marcelo Chemin le preguntó a un amigo de Iván “¿Vos qué hacés acá?”. Lo puso contra la pared y lo golpeó. Torres defendió a su compañero y el policía lo amenazó: “Vos no te metas porque te voy a terminar bajando”. En ese momento, la hermana de Iván entró y Chemin volvió a la carga: “Vas a seguir el mismo camino que tu hermano”.

El MPF detalló la ruta crítica que debió recorrer la madre de Torres para que la justicia comience a buscar a su hijo. Fue visto por última vez el 2 de octubre de 2003 y María Leontina Millacura Llaipen intentó denunciar la desaparición dos días después. “Los policías de turno se negaron a recibirla. Volvió días después pero tampoco pudo radicarla”. Recién el 14 de octubre, cuando ya era noticia, decidieron en la Seccional Primera recibir la denuncia. La causa se radicó en el Juzgado de Instrucción N°2 a cargo del juez Herrera. Los primeros testimonios se tomaron el 23 de octubre, casi 20 días después de la desaparición. “Antes había sido la propia Seccional 1ª quien tuvo la instrucción de la causa”.

Palazzani y Nürnberg pidieron que se condene a Fabián Alcides Tillería a 17 años de prisión; 15 años para Hernán Leiva, Pablo Ruiz y Mario Gómez, y 12 años para Nicolás Fajardo, Sergio Thiers, Marcelo Chemin y Pedro Cifuentes. Pidieron que todos sean inhabilitados para cualquier función pública y tareas vinculadas a la seguridad privada.

Los fiscales pidieron la absolución de José Bahamondez, Héctor Cocha, Santiago Rodríguez, Roberto Soto y Juan Montecino. Por último, solicitaron la extracción de testimonios para investigar la participación de otros efectivos por la “deficiente” investigación inicial. Fuente: Jornada