El fiscal Carlos Díaz Mayer dijo este martes que la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de asistencia por los incendios en la cordillera de Chubut surgió de una denuncia por 4 facturas por un total de 13 millones de pesos, para la compra de elementos sanitarios y de electricidad.
“La investigación se inicia por la denuncia de una persona, que indica unas irregularidades en cuatro compras puntuales de elementos varios destinados a la emergencia ígnea y a la colocación de módulos habitacionales de emergencia, generados a partir de necesidades de viviendas para la gente que había sufrido los daños en sus casas por los incendios justamente el 9 de marzo”, detalló el fiscal, en diálogo con Periodismo de 10 por CNN Comodoro.
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“A partir de allí lo que logré fue la orden de un juez para hacer allanamientos y lo que tenemos es un montón de información en computadoras, que estamos queriendo lograr la pericia, para poder empezar a trabajar con eso y documentación que pudimos secuestrar en el lugar de los hechos”.
El fiscal detalló que las 4 operaciones que se están investigando fue para la compra de 105 termotanques, 105 cocinas y el mismo número de inodoros, además de elementos de electricidad, lo que totalizó 13 millones de pesos en materiales adquiridos en una ferretería de El Bolsón.
Aunque aclaró que “por el momento es muy prematuro decir que tengo o sobreprecios o alguna conducta puntual”, admitió sin embargo que se investiga “si hubo irregularidades en las formas en que se ordenó la compra. Por lo pronto tengo cuatro o cinco posibles delitos, que fue lo que le identifiqué al juez, para que él pueda autorizar los allanamientos”.
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Negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación al Estado son los tipos delictivos que se busca corroborar en la investigación.
En un primer momento, la compra de materiales fue para la construcción de módulos habitacionales, que serían 91, aunque el fiscal aclaró que la cantidad todavía no está determinada, como tampoco si fueron finalmente construidos o en qué etapa se encuentran.
El fiscal también aclaró que hasta ahora las responsabilidades a determinar apuntan hacia el municipio de Lago Puelo y no hacia el gobierno de Alberto Fernández. “El gobierno nacional lo que hizo fue entregar fondos para la emergencia. Lo que voy a tratar de determinar es si hubo alguna irregularidad en el manejo de los fondos, en la forma en que se compraron y en la forma en que se utilizaron los fondos. Por el momento es eso, sin prejuicio de que no descarto la existencia de otras conductas u otras situaciones que se pudo haber dado a partir de la llegada de los fondos y su utilización o su gasto”.
