COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Informe Especial) - La condena emitida por la justicia de Neuquén contra un dirigente piquetero, por un corte de calles en agosto de 2017, no es el primero que se da en el país, ya que el antecedente a nivel nacional fue sentado en Comodoro Rivadavia.
En efecto, en julio de 1999 el entonces juez federal de esta ciudad, Ricardo Napolitani, condenó a Walter Natera y Miguel Angel Gatti a 5 meses de prisión y 2 años de trabajos comunitarios, aunque un año más tarde la Cámara de Casación Penal revocó la sentencia por encontrar fallas estructurales en el fallo, anulando sus alcances.
Los hechos por los que se juzgó a los recordados dirigentes, Natera como representante gremial de estatales y Gatti como vecinalista histórico del barrio Fuchs (fallecido años atrás y muy recordado en la ciudad por sus luchas e ideal político por la igualdad social), habían ocurrido en 1997. En agosto de ese año, los dirigentes habían protagonizado un corte de ruta, junto a otras 200 personas, ocurrido en zona del “Infiernillo”, en el acceso a la zona céntrica de la ciudad.
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El reclamo era contra las políticas liberales del gobierno de Carlos Menem, que había generado un alto índice de desocupación en la ciudad, tras la privatización de Y.P.F, a comienzos de la década.
El juicio, ocurrido casi dos años después, generó un gran interés de medios nacionales, por ser el primer caso a nivel país que se llevaba a juicio tras la modalidad del corte de ruta, iniciada en esos años por dirigentes patagónicos (uno de los primeros fue en Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, también en repudio a la privatización de la ex petroelra estatal y sus efectos).
“En un estado de derecho es inadmisible que se utilice el delito para conseguir transformaciones socioeconómicas”, había expresado Napolitani en su fallo. Sin embargo, la Cámara de Casación Penal cuestionó ese pronunciamiento porque el juez “consideró la prueba de la causa en forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones y falencias respecto de la verificación de los hechos”.
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En ese momento, junio del año 2000, se ordenó la realización de un nuevo juicio, con otro juez, que nunca llegó a concretarse, quedando así sin efecto lo que fue el primer juicio oral y público para juzgar un corte de rutas en el país. Al momento de esa sentencia, en plena crisis, había 2.500 dirigentes sociales procesados en toda la Argentina, según consignaba por entonces el diario Clarín.
