COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Fiscalía Federal emitió en las últimas horas una orden de desalojo para restablecer el normal funcionamiento de la playa de almacenamiento de combustibles de YPF, ante la denuncia presentada por la operadora, que además se constituyó como querellante en la denuncia formulada el viernes último. Por su parte, el secretario de Trabajo, Marcial Paz, reiteró esta mañana que la operadora usa argumentos “mendaces” al desconocer la relación laboral con los 24 ex operarios de SP, que se encuentran bloqueando la salida y entrada de camiones, lo que derivó en el desabastecimiento de naftas en las últimas horas.

La denuncia formulada el viernes por la petrolera es a tenor del artículo 194 del Código Penal. El mismo establece una sanción de entre tres meses y dos años de prisión para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

El reclamo se origina en el incumplimiento de parte de SP del acuerdo de desvinculación firmado con el conjunto de trabajadores, que de ese modo aceptó desvincularse de la firma. Como la contratista no paga, encontrándose en concurso de acreedores y con serias dudas sobre su futuro, el reclamo se trasladó a YPF. En ese punto surge otro conflicto, por cuanto la operadora aduce que el personal involucrado no prestó servicios en yacimientos vinculados a esa operadora, mientras los trabajadores (entre los que se cuentan seis de la provincia de Santa Cruz y no de ellos se encuentra liberado de funciones por actividad gremial) aducen lo contrario. Esa posición es compartida por el gobierno de Chubut, en tanto esta mañana el secretario de Trabajo Marcial Paz reiteró, en diálogo con radio Del Mar, que los argumentos de la operadora “son mendaces”, aduciendo que los operarios prestaron distintos servicios vinculados a la operación de esa compañía. Por su parte, el gobernador Das Neves había afirmado ayer que “me parece bien que tomen la playa de tanque, porque le han mentido a los trabajadores”.

La orden de desalojo fue entregada por la Fiscalía Federal el viernes último en la Unidad Regional de Policía. De acuerdo con lo que precisaron fuentes judiciales a ADNSur, la misma requiere que la autoridad de la fuerza pública arbitre los medios necesarios para restablecer el normal funcionamiento de la playa de tanques, a fin de garantizar el abastecimiento de combustibles para el resto de la sociedad. En la mañana del martes, la Fiscalía preparaba un nuevo oficio para verificar las gestiones que habían sido realizadas desde la unidad policial para cumplir con la orden emitida.

 

SP RECLAMÓ UN PAGO DE "MAYORES COSTOS"  Y FRUSTRÓ EL ANTICIPO DE FACTURACIÓN

 

Por otra parte, esta agencia pudo dialogar con fuentes que siguieron de cerca la negociación mantenida en las últimas horas entre la operadora, SP y funcionarios del gobierno provincial, la semana pasada, en Buenos Aires. En ese marco, se indicó que estaba todo acordado para que la operadora anticipara el pago de la factura de servicios del mes de febrero (en el circuito normal, ese cobro se percibiría recién en abril), lo que representa un monto aproximado a los 14 millones de pesos. “Con eso se podía pagar a 15 operarios, porque los otros 9 los cubría directamente SP –contó uno de los que siguió de cerca ese encuentro-. El problema fue que el gerente de SP salió a plantear que esos 14 millones se asignaban a un reclamo por “mayores costos” que había planteado la contratista tiempo atrás, pero que ya había sido rechazado por la  operadora”. En ese punto, la negociación volvió a frustrarse y al día siguiente los ex operarios retomaron la medida de protesta, bloqueando el acceso  a la playa de tanques.