RAWSON (ADNSUR) – El fiscal anticorrupción, Mario Romeo, informó a ADNSUR que existen denuncias contra el ex ministro de Coordinación de Gabinete Alberto Gilardino y el ex subsecretario de Unidad Gobernador Diego Correa por una causa vinculada al uso de fondos que no llegaban a beneficiarios. Al respecto, indicó que la denuncia realizada por el secretario de Seguridad, Federico Massoni, por la compra irregular de cámaras de vigilancia fue desestimada y para que se le dé continuidad tendrá que intervenir la Fiscalía de Estado.

Romero indicó que “en realidad era un expediente administrativo que iniciamos en septiembre del año pasado por la denuncia de un particular. Justo ahora surgió todo esta causa denominada Embrujo que coincide con esto pero desconocemos si hay una desvinculación o esta investigado dentro de un proceso más grande”.

“Nuestra obligación es terminar el expediente, concluir con una resolución y denunciar los hechos”, resaltó. Además, informó que la denuncia “es una irregularidad administrativa y me voy a reservar el hecho concreto porque seguro tomarán medidas desde Fiscalía y con las limitaciones que tenemos, quedará librado a la Fiscalía cuando tome conocimiento de la denuncia. Pero el hecho está vinculado a cómo se ejecutaban los gastos”.

A su vez, sostuvo que “la figura penal la encuadrará la Fiscalía en su facultad”

“unidad de gobernador y coordinación de la secretaría privada” y “no sé la cuantificación porque dependerá de documentación en determinados lugares que lo dictará la Fiscalía pero sin dudas hay algún desvío de fondos donde no tenía que existir”.

COMPRA DE VIDEOVIGILANCIA

Respecto a la causa por la compra irregular de cámaras de vigilancia, Romero informó que “iniciamos un expediente en la oficina y se remitió al ministro de Gobierno para que nos envíe algunos expedientes y al recibirlo la secretaría de Seguridad, el doctor Massoni hizo directamente la denuncia penal y nosotros dejamos de intervenir cuando la justicia tiene otros medios y se pone al frente de la causa”:

“El viernes preguntando al procurador sobre dónde estaba el expediente, nos anoticiamos que había sido desestimada. Al preguntar los fundamentos, nos dijeron que nosotros no somos parte porque el que hizo la denuncia fue el secretario de Seguridad y quedaría que la Fiscalía de Estado presentarse y pedir el recurso para que siga adelante la investigación”, informó.

Finalmente, sostuvo que “no está abierta la investigación pero al estar desestimada la investigación, el poder Ejecutivo tendría que ser el que se presente y rever la medida porque el interés del Estado es proteger el derecho y a nuestro entender ha sido perjudicado enormemente”.