Este lunes, tras la audiencia preliminar, la corte provincial resolvió revocar la decisión de tres jueces, en primer lugar la jueza  Ivana González, y luego del tribunal integrado por los jueces Nieto Di Biase y Marcos Napoli, y se mantendrá el secreto bancario de los testigos de la causa por corrupción que tiene como principal imputada a la ex diputada provincial y ex Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola.

Secreto bancario

La jueza de garantías Ivana González había dispuesto en la audiencia preliminar el levantamiento del secreto bancario de los testigos de la fiscalía, Sandoval, Martínez y Paludi, a pedido del defensor Fabian Gabalachis. 

En ese momento, el fiscal Omar Rodríguez se opuso al pedido, pero la jueza igualmente hizo lugar a la petición del defensor. 

Posteriormente, los testigos presentaron una impugnación ante un nuevo Tribunal integrado por los jueces Marcos Napoli y Nieto Di Biase, ambos resolvieron “no hacer lugar al recurso presentado”, por lo que como última instancia, los testigos se presentaron en queja ante el Superior Tribunal de Justicia. 

El máximo organismo provincial resolvió declarar nula la decisión de la jueza Ivana Gonzalez, y posteriormente de los jeces Marcos Napoli y Nieto Di Biase, por haber aceptado el pedido del defensor Fabian Gabalachis. 

El Superior formuló en sus considerandos que “el auto que habilitó las medidas de investigación solicitadas por el abogado actuante afecto gravemente los intereses personales de los testigos Sandoval, Martínez y Paludi, sin que fueran oídos durante el trámite respectivo.

Planteo del Fiscal Omar Rodríguez

Rodríguez en audiencia preliminar indicó que se trataba de testigos y no de imputados. Y alegó, “no se puede ingresar a una cuenta bancaria, es una medida de coerción invasiva de la intimidad de las personas, por lo tanto, no se puede aplicar a un testigo”.

El artículo 381 del CPP en cuestión dice, “los testigos, peritos y otros intervinientes podrán impugnar los autos y providencias que los afecten, únicamente ante un tribunal compuesto por dos jueces penales”.

Ahora se espera que la audiencia preliminar termine y la causa sea elevada a juicio oral y público.

DE QUÉ SE LA ACUSA A CECILIA TORRES OTAROLA

La ex funcionaria está acusada por ocho casos de fraude, por hechos por "concusión" -cobrar o exigir pagos ilegales a otras personas en su rol como funcionaria-, además por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la investigación del fiscal Omar Rodríguez, Torres Otarola nombró a personas de su entorno como asesores cuando asumió en la Legislatura, en diciembre de 2015, incluso se la acusa de haber nombrado a su jardinero y a su niñera.

Sin embargo, los investigadores señalan que estas personas nunca prestaron servicios en la Cámara de Diputados y la por entonces legisladora “se quedaba con el dinero de sus asesores”.

Con información del Área de Comunicación de la Procuración General sede Rawson.

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