RAWSON (ADNSUR) - El fiscal Omar Rodríguez aseguró que la investigación que involucra a Graciela Cigudosa, ex ministra de Educación de Chubut y actual diputada provincial, no corre riesgo de caerse, ante los planteos formulados por la defensa de la funcionaria. “Me tranquiliza este tipo de planteos después de tanto tiempo, porque no tienen que ver con la acusación de fondo, lo que significa que vamos por buen camino”, valoró el acusador público.

“Tenemos muchísima evidencia para sostener la acusación y llevar el caso a juicio y que se debata toda la cuestión –dijo Rodríguez, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro, 94,3 Mhz-. Lo que sucede acá es que las defensas usan una estrategia absurda, porque después de dos años viene a hacer este tipo de manifestaciones totalmente falsas”, cuestionó.

En concreto, la defensa de Cigudosa cuestionó que se le haya tomado declaración a uno de los funcionarios involucrados como testigo en un primer momento, para luego ser imputado, lo que vulneraría el derecho de defensa. Sin embargo, el fiscal sostuvo que no hay irregularidad en ese procedimiento.

“Es parecido a lo que pasa en muchos casos de femicidio –comparó-, cuando en un primer momento se le toma declaración a la pareja de la víctima como testigo, pero que con el correr de la investigación surge que fue él quien la asesinó”.

Sobre los hechos investigados en este caso, indicó que quien aparecía al principio como testigo era Gustavo Huecichán, secretario privado de quien se desempeñaba como subsecretario de Educación, Raúl Care. El primero imputado posteriormente, a partir del secuestro de los celulares de otros partícipes de la maniobra, donde surgían las comunicaciones que lo involucraban.

“En un primer momento no había sospechas sobre él –detalló el fiscal-. Lo que yo no podría hacer ahora es utilizar su declaración como testigo en su contra, sino que debo utilizar otras evidencias, que son las que surgen de las comunicaciones y otras pruebas”.

Un perjuicio de más de un millón y medio de pesos, que podría haber llegado a 9 millones

La investigación busca probar que estos funcionarios, en sintonía con la ex ministra de Educación Cigudosa, fraguaban compulsas de precios para realizar reparaciones menores en edificios escolares. La maniobra era falsa, ya que los oferentes tenían vinculaciones entre sí, lo que les permitía acordar los precios, totalmente sobrevaluados.

“El perjuicio para el Estado llegó a concretarse en un millón y medio de pesos, pero no fue mayor porque un diputado provincial de ese momento, Eduardo Conde, hizo una denuncia –señaló el fiscal-. Pero las proyecciones de trabajo alcanzaban, en el año 2019, los 9 millones de pesos”.

En los hechos está involucrado también el empresario Daniel Schmidt, que era dueño de las dos firmas que fraguaban la presentación de ofertas.

La acusación contra Cigudosa se basa en la calificación de fraude en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración infiel, que penaliza a las personas que administran bienes ajenos y violan esos deberes, para beneficiar a particulares.
“La pena, en caso de ser condenada en juicio, puede ser de cumplimiento efectivo, porque supera los 3 años de prisión”, precisó Rodríguez en relación a la ex ministra.

Consultado si en su carácter actual de diputada provincial se le debería solicitar el desafuero, respondió: “No, por ahora puede seguir ligada al proceso. Si luego avanza la causa y llega a juicio y fuera condenada, para cumplir esa sentencia sí sería necesario pedir el desafuero”.