El resbaladizo tablero energético: ¿qué operadora "se va de Chubut"?

Es posible que el mandatario provincial se estuviera refiriendo a la salida de Sinopec, compañía que anunció también su decisión de revertir las áreas (en ese caso, “devolverlas”), de pequeña escala productiva, que explotaba en Chubut y que no le resulta de interés mantener en actividad.

Se especuló también con un posible interés de Capsa, la compañía que aun en plena crisis logró mostrar incrementos de producción y perforación de pozos.

Sin embargo, hábil jugador al fin, la mención sin precisiones del gobernador le permitió sembrar nervios en varios despachos. La tensión con YPF es conocida, a partir del conflicto de SP, aunque incluso desde el ámbito sindical se puso en duda que el gobierno esté pensando en una medida drástica, como resulta una reversión, hacia esa operadora.“Se le tiene que exigir (a YPF) que asuma la responsabilidad solidaria con los 500 trabajadores que todavía dependen de esa contratista, más allá de los 24 muchachos que hicieron el acuerdo de desvinculación cuando ya la empresa estaba concursada –señaló uno de los actores gremiales, desde la sinceridad que permite el off the record-; algunos funcionarios se preocupan más por esos acuerdos que por las 250 suspensiones y los 500 puestos de trabajo que están en riesgo; pero no creo que se apunte a una reversión de áreas en este momento”.

Los actores gremiales saben que una decisión así no es gratuita, considerando el impacto inmediato que provoca el proceso en cuanto a paralización de actividad y los tiempos que demandaría un eventual nuevo proceso de licitación. En esa transición, en el “mientras tanto”, los puestos de trabajo (de todas las contratistas involucradas) se paralizan.

¿SE PUEDE REVERTIR UN ÁREA?

También otros actores empresarios pusieron en duda la referencia. “Ni siquiera se le puede revertir a Enap Sipetrol, que viene incumpliendo varios compromisos”, contó otra fuente, mientras que incluso en el ámbito ministerial se han cuestionado fuertemente los reaseguros que los contratos de concesión, renovados por el gobierno anterior, permiten a la hora de justificar la caída de inversión por efecto de las bajas en el precio internacional del petróleo.

Es posible que el mensaje sirva para mostrar poder de fuego a las operadoras, demasiado entusiasmadas en el debate de “productividad” en base a la flexibilización de condiciones de trabajo.

Si bien es entendible el argumento de que se requieren nuevos marcos de racionalidad (como lo refleja la experiencia de otros países, que logró producir petróleo aun con un precio de 30 dólares por barril y hoy se benefician con los valores por encima de 55), no debería perderse de vista que el tejido social, debilitado por un país que según el presidente Macri “se está poniendo de pie” pero que en el proceso no cuenta a los cientos de miles de empleos caídos, no resiste más “cirugías sin anestesia”.

Además, DLS concretó 50 despidos en los últimos meses, según confiaron fuentes de la Secretaría de Trabajo, organismo que requirió a la contratista un informe en torno a un posible plan de reducción de personal, que por ahora no tendría nuevos avances.

En marzo de 2012, Chubut revirtió áreas que por entonces estaban en manos de Repsol-YPF, mientras un mes después el gobierno de Cristina Fernández anunciaba la nacionalización compulsiva del 51% de las acciones de la empresa.Hoy las condiciones son diametralmente opuestas, ya que trascendidos en distintos ámbitos hablan de un supuesto interés por volver a privatizar a la petrolera.

En foros sindicales se habla de posibles intentos de vaciamiento de la operadora, mientras que un informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo da cuenta de un (nuevo) proceso de “desguace de YPF”, que tendría por finalidad avanzar en el retiro del Estado en el manejo de la compañía, para favorecer un presunto cartel de empresas que, según la visión de ese organismo creado durante el kirchnerismo, representa el ministro Juan José Aranguren.