Los cambios en la política en Argentina siempre se analizaron de abajo hacia arriba. De las sociedad y la comunidad sectorial. ¿Qué quiere tal o cual clase? ¿Qué buscan los ciudadanos de tal o cual provincia? En época electoral, las campañas tienen la misma lógica: que cada intendente traccione para sus intereses políticos, que ayude o complique la elección provincial y, de ahí, el mismo caminito para la política Nacional.

Ese comportamiento ahora está totalmente roto.

Desde la votación frustrada en particular de los artículos de la fallida Ley de Bases hasta hoy, la relación del Poder Ejecutivo con las provincias está en crisis. En un momento se creyó era una táctica del gobierno decir una cosa y mostrar flexibilidad. Más que nada después de una semana en la que Javier Milei visitó Corrientes y se cruzó con el gobernador Gustavo Valdés y que su ministro del Interior, Guillermo Francos, estuvo en el norte argentino con varios gobernadores.

Al parecer la nueva realidad federal tiene la premisa de: “Todos para uno y uno contra todos”. El nuevo conflicto se desató luego de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtiera que frenaría la entrega de producción petrolera  debido a que “el Ministerio de Economía retuvo $13.500 millones” a esa provincia. 

A partir de eso, comenzó el ida y vuelta. El gobierno nacional publicó un comunicado de la Oficina de la Presidencia en el que califica como una “amenaza de carácter chavista” a la advertencia, el presidente adjuntó el artículo 194 del código penal (que marca prisión para quienes entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas) y, el Chubutense, lanzó su frase “que me metan preso”. 

Salieron a escoltar a Torres la mayoría de los gobernadores del país, no importa de que partido sean. Desde el peronista Sergui Ziliotto, pasando por el ahora porteño Jorge Macri y hasta el propio Axel Kicillof.

El agrupamiento de mandatarios provinciales envalentona a Milei. Los tilda de “la casta” que quiere seguir recibiendo fondos nacionales para despilfarrar plata y no realizar el ajuste fiscal.

¿A quien va a creerle la gente? ¿A Milei con su acusación al sector político de cada rincón mientras los sueldos quedan rezagados ante la inflación y sin contención del Estado? ¿A los gobernadores que dicen “cuidar los intereses” de sus propios ciudadanos sin pretender que se ajusten las partidas de fondos nacionales?

El desafío de Milei es cultural y eso es todo una intriga. Creerá, la sociedad argentina,  en su manera disruptiva? ¿O creerá que busca pleitos ruidosos y escándalos que solo llevan a más pobreza con tal de que la planilla de excel le diga que hay “déficit fiscal”?

Eso no se sabe. El tiempo, y la propia sociedad, lo dirá. Lo que muestra la fotografía de hoy en dia es que no hay nada de puentes ni de consensos en el horizonte.

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