COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Bajo el título “Algunas mentiras del gobierno para defender el tarifazo”, el Centro de Estudios de Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) emitió un documento en el que expresa una serie de argumentos en contra de motivos del gobierno nacional para aplicar el aumento en la tarifa de gas. La institución es una de las promotoras de los recursos de amparo que, junto a organizaciones de defensa de usuarios y consumidores, dejó temporalmente suspendido el aumento del gas –y posteriormente de la electricidad- en todo el país. El tema será debatido este martes en la Cámara de Diputados de la Nación, adonde concurrirá el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
1-No es cierto que la actual fórmula de política tarifaria esté destinada a eliminar subsidios, en lo referente al servicio de gas. Solamente sirve para quitar en transporte y distribución parte del subsidio existente, ya que en 2014 se lo había disminuido sustancialmente. Por este motivo no era previsible un incremento importante en esa actualización tarifaria.
Pero entonces: ¿Por qué resultó un tarifazo el aumento de gas? La respuesta está en la suba desmesurada del rubro producción de gas, llamado gas en boca de pozo, que representa entre el 70 y el 80% de la factura.
Pero ese gas no estaba subsidiado: al contrario, cada usuario pagaba el valor exacto que las empresas petroleras facturaban por él a las distribuidoras.
Se podría pensar entonces que el incremento de ese valor de u$s 2,50 por MMBTU (Millón de BTU) promedio que se abonaba, a u$s 5 por MMBTU promedio de la decisión del Gobierno, estaría dirigido a sufragar la erogación del Estado para adquirir el gas importado que completa el suministro a los usuarios que no cubre el producido localmente.
Pues no: esa diferencia en dólares que representa cerca de un 200% de aumento en pesos en la factura, está destinado a las arcas de las empresas petroleras, sin ninguna justificación válida.
El Estado seguirá pagando el gas importado, no habrá disminuido esa importante erogación, y las empresas seguirán cobrando esa dádiva de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, que pagaremos los usuarios.
2) No es cierto que los incrementos decididos en la Res. 28 del Ministro Aranguren sirvan para asegurar inversiones en exploración y explotación de gas. En la concesión graciosa que otorga el Gobierno a esas empresas no hay condiciones de ningún tipo que supongan un aliento a las inversiones, ni exigencias de ningún carácter para acceder a ese beneficio, está solamente la pluma del Ministro. Es impensable por ello que este beneficio asegure un incremento de las inversiones necesarias en este sector energético: al contrario, las empresas productoras de gas tienen ya un plan especial por el aumento de suministro que les garantiza un precio de hasta u$s 7,5 por MMBTU. Por otra parte este supuesto anhelo gubernativo de mayor producción energética contrasta con la política de reducción de inversiones para ese efecto por parte de la empresa nacional YPF, anunciada para este año. Por lo cual tampoco es cierto que haya un plan nacional de incremento de la producción energética.
