ESQUEL (ADNSUR) - Moira Millán, de la comunidad mapuche Pillán Mahuiza de la zona de Corcovado, suroeste de Chubut, expuso hoy en los tribunales en Esquel varios hechos de hostigamiento y amenazas de parte de la policía provincial, denunciados en un habeas corpus que fue rechazado, y pidió que saquen de su casa al uniformado que le habían asignado para protegerla, por ser e la misma fuerza.
La mujer había denunciado públicamente el problema en la semana, señalando que recibió llamadas telefónicas amenazantes, en las que le dijeron que la torturarían y matarían como a una “zorra”, tras lo que apareció en su casa una zorra muerta con señales de haber sido sometida a tormentos, según dijo.
Luego tramitó un habeas corpus, que fue rechazado por el juez Hernán Dal Verme, quien no obstante le transmitió por escrito que la denuncia era “muy importante” y la citó “a la brevedad” para ampliarla en la Fiscalía, por lo que concurrió esta mañana, pero se encontró con que no había fiscales ni funcionarios de la repartición para recibir su denuncia.
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La protesta de Millán y otros referentes mapuches, además de dirigentes de organizaciones sociales, y la presencia de periodistas, hizo cambiar la actitud de los funcionarios, y la denunciante fue recibida por un fiscal y dos jueces, que tomaron su testimonio y retiraron al policía que le habían asignado como custodia.
“Es insólito, denuncio a la policía por amenazas y hostigamiento, y me ponen a un policía para cuidarme”, dijo Millán a Télam, precisando que no señaló puntualmente a la policía provincial porque no sabe quién la amenazó, pero que sospechan de la fuerza por un incidente que sufrió días atrás.
Agregó que la justicia peritará el llamado recibido con las amenazas y además le ofrecieron ponerle una custodia de Gendarmería, que también rechazó.
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Millán encabezó hace 20 años la recuperación del territorio ancestral de su familia, un predio de 150 hectáreas que el gobierno provincial en la dictadura le cedió a la policía de Chubut, que los había desalojado junto a otras 30 familias, para construir ahí una comisaría, que incluso habría funcionado como centro clandestino de detención y torturas, según algunas denuncias.
Ya en democracia encaró la recuperación sola, junto a sus cuatro hijos, muy pequeños, y sufrió un acoso de la policía provincial por varios años, hasta que su persistencia logró consolidarse y algunos familiares volvieron al lugar.
También consiguió la personería jurídica y más recientemente se inscribió en el relevamiento nacional de la ley 26.160, para tramitar la propiedad comunitaria de las tierras.
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Fuente: Télam
