COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/ Por Raúl Figueroa) - El ex fiscal de Estado de la provincia de Chubut, Miguel Montoya, aseguró a ADNSUR que los 5 millones de dólares que se cobraron a la compañía aseguradora de la firma Antares, en el marco de la demanda civil impulsada por la provincia tras el derrame petrolero de 2007 en las costas de Caleta Córdova, ingresaron a la cuenta de Rentas de la provincia de Chubut a fines del año 2014, por lo que debieron asignarse a obras específicas a concretar en el barrio. “El acuerdo no fue irregular, fue un convenio dentro de las posibilidades que teníamos, porque las muestras que se tomaron en 2007 habían quedado mal preservadas en bidones y ya estaban en mal estado”, sostuvo.
Foto fuente: La Nación
Montoya indicó que su labor concluyó con el ingreso del dinero a las cuentas provinciales, las que debieron aplicarse a obras específicas para el barrio de Caleta Córdova. “No hubo nada oculto, seguramente la gente que estuvo en Obras Públicas sabrá a qué se asignaron estos fondos”, señaló.
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JUICIO PENAL CONTRA RESPONSABLES DE LA EMPRESA
Tal como ha informado ADNSUR en forma exclusiva el 27 de junio último, la Cámara Federal de Casación Penal anuló la suspensión de juicio a prueba para el capitán del buque y otros integrantes de la firma armadora, que protagonizó el derrame de crudo producido en la navidad del año 2007. De este modo, la causa debe elevarse a juicio oral y público para establecer las responsabilidades penales de los directivos de la firma Antares.
En efecto, la sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Angela E. Ledesma, Pedro R. David y Alejandro W. Slokar, rechazaron los recursos de las defensas particulares que pretendían la suspensión del juicio a prueba por el hecho de daño ambiental ocurrido hace casi 9 años, según confirmaron las fuentes de esta agencia en el ámbito nacional.
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Sobre esta definición judicial, Montoya evaluó:
esa resolución alcanza a la persecución penal de los integrantes de la empresa, que apunta contra el capitán y los armadores; lo que nosotros entablamos fue una demanda civil que llegó a cobrarse en tiempo y forma, fueron 5 millones de dólares al tipo de cambio vigente en ese momento, debieron ser alrededor de 49 millones de pesos. Y hubo una retención de alrededor 30.000 pesos del Banco Nación”.
Por otro lado, en cuanto al reclamo del entonces fiscal de Estado, Jorge Miquelarena, por la percepción de honorarios, refirió: “A él se le regularon honorarios por 110.000 pesos pero no los retiró; a mí se me regularon 110.000 pesos y los asigné a la partida de la Fiscalía de Estado, que establece un 30% para compra de insumos del organismo y el resto se reparte en forma proporcional entre los abogados de la Fiscalía y los empleados. Miquelarena pretendía la parte del león, con el argumento de que el juicio había comenzado durante su gestión como fiscal de Estado”.
