COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El proyecto de ley que impulsa Sergio Massa para aliviar los salarios de los trabajadores, exceptuando a quienes cobran hasta 150.000 pesos mensuales, es un necesario alivio para un poder adquisitivo cada vez más jaqueado por la inflación. Sin embargo, encierra una contracara que debe tenerse en cuenta a la hora observar los recursos que la Nación debe transferir a las provincias, ya que lo que se deja de recaudar de un lado, disminuye por el otro los recursos que deben redistribuirse a través de la coparticipación federal de impuestos.

Así lo advierte un informe elaborado por el economista santacruceño Alejandro Demel, quien establece cinco escenarios posibles, en los que la provincia de Chubut podría dejar de recibir desde 59 millones de pesos mensuales, hasta 293,4 millones de pesos por mes, en el escenario de mayor impacto. Si bien parecen valores de poco impacto, al proyectarse a un año completo el monto adquiere mayor relevancia.


Tal como informó ADNSUR, la mejora en los salarios que serán liberados de ganancias alcanzaría a un total de 24.725 trabajadores chubutenses, de los cuales 9.325 corresponden al área de Comodoro Rivadavia.


En relación al proyecto, que debe ser tratado aún en el Congreso de la Nación, vale recordar además otro detalle advertido por el diputado nacional por Chubut Gustavo Menna, quien advirtió que la iniciativa debe incluir el 22 por ciento de deducciones adicionales que corresponde a los trabajadores patagónicos: sin esa incorporación, el efecto para empleados y jubilados de la región podría ser neutro, ya que se estaría dejando de lado el hecho de que los haberes tienen un adicional por zona desfavorable.

Las provincias resignan recursos que van al consumo

Para establecer el cuál es el impacto que tendrá la medida en la recaudación de las provincias, Demel estimó cinco escenarios posibles, estableciendo un rango de reducciones en la recaudación, que va desde un mínimo del 10 por ciento, hasta un máximo del 50 por ciento.


El análisis parte desde la hipótesis de que los recursos que el Estado nacional deja de recaudar por impuesto a las ganancias (IIGG, en adelante para abreviar) se transfiere, parcialmente, al consumo de bienes y servicios por parte de las familias que se benefician con la medida.


El trabajo advierte además que el 100 por ciento del IIGG y el 89 por ciento del IVA se integran a la masa de recursos coparticipables, que el Estado nacional distribuye luego a las provincias. Y una parte del IVA que no se coparticipa (0,69 por ciento de ese total), llega a las provincias en concepto de asistencia para las cajas jubilatorias.


En enero de 2021 la recaudación de IIGG fue de casi 150.000 millones de pesos. Si se aplica el escenario 1, con una merma en la recaudación del 10 por ciento, quedarían 135.000 millones para coparticipar, mientras que los 15.000 millones restantes van a consumo familiar. Como ese consumo tributa el 21 por ciento de IVA, el Estado nacional recupera 3.150 millones de los 15.000 que dejó de recaudar por IIGG.


Sobre el IVA recaudado adicionalmente, el 89 por ciento se reparte entre las provincias. Esto significa otros 2.800 millones que se suman a la masa coparticipable, además de 21,8 millones que van a las cajas previsionales.

Cuánto dejarían de recibir Chubut y Santa Cruz

Tomando los valores de enero, la masa coparticipable del escenario 1, de menor pérdida, se integraría con los 135.000 millones de IIGG, más los 2.800 millones del nuevo IVA que se originó por el consumo familiar, lo que arroja un valor de 137.800 millones de pesos. De ese total, según la ley 23.548, el 57,36% es lo que se debe repartir entre las provincias. Así, la torta a repartir resulta de 79.000 millones de pesos.


Aplicando los porcentajes de coparticipación correspondientes, para Santa Cruz, que tiene una alícuota del 1,7 por ciento, la pérdida sobre la recaudación tomada como base  en enero sería de 27,7 millones de pesos. Para Chubut, la pérdida mensual en ese escenario hipotético sería de 58,6 millones de pesos.


En el escenario 2, con una disminución del 20 por ciento de los recursos coparticipables, Santa Cruz perdería 55,4 millones de pesos y Chubut, 117,4 millones de pesos por mes; en el escenario 3, con una caída del 30 por ciento, Santa Cruz dejaría de recibir 83,1 millones mensuales y Chubut, 176 millones menos por mes. En el escenario 4, con un 40 por ciento de disminución, Santa Cruz perdería casi 111 millones y Chubut 235 millones por mes; y en el escenario 5, con una caída del 50 por ciento, Santa Cruz resignaría 138,5 millones y Chubut, 293,4 millones de pesos.    


Se trata de valores estimados porque las variaciones salariales son múltiples, pero Demel entiende que los escenarios más probables están entre el 3 y 4, por lo que las pérdidas para Chubut oscilarían entre los 235 y 293 millones mensuales, lo que permite proyectar una caída de 2.700 millones de pesos anuales.


Si bien se trata de un alivio necesario y urgente para los trabajadores y jubilados, las provincias deberían acordar un modo de ser compensadas por lo que el Estado nacional dejaría de distribuir. Lo mismo se planteó a fines de 2019, cuando el saliente gobierno de Mauricio Macri decretó –tratando de revertir el resultado adverso de las PASO- rebajas en el IVA sobre alimentos y una mejora temporal en ganancias, entre otras medidas, con un costo fiscal que la provincia reclamó en ese momento en más de 2.000 millones de pesos.