COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa/ Especial para ADNSUR) - De a poco, aun cuando no se trate exactamente de la iniciativa promovida por ellos, los gremios estatales ganaron una pequeña batalla en términos de discusión pública en los últimos días. Y ello se debe no sólo a la convocatoria del gobierno para negociar con casi todos los sectores de la mesa de unidad sindical lograda por la mediación de Nora Cortiñas, sino porque tanto en el ámbito de la Legislatura como del Ejecutivo se está hablando de generar un fondo financiero especial, con aportes extraordinarios de empresas, para paliar la grave crisis que vive Chubut. En el FPV calculan que la recaudación por esa vía podría aportar entre 150 y 200 millones de pesos por mes.

En términos políticos, el frente estatal logró otra pequeña medalla: la renuncia de Sergio Mammarelli como ministro coordinador representa el fracaso del intento de ajuste a partir del techo paritario frente al vuelo inflacionario; y en términos discursivos, que suele ser el campo en el que se juega la batalla del poder de decisiones, la mirada ahora está puesta en cuánto y cómo podrían aportar los sectores más concentrados de la economía provincial.

Claro que todo ese tablero de ajedrez tiene como telón de fondo una gran derrota para los sectores del trabajo, las pequeñas y medianas empresas, la economía provincial o regional y en general, para la mayor parte de la población. Es que el regreso del país al FMI, combinado con los incrementos tarifarios y el impacto por la escalada del dólar, auguran un mayor ajuste a nivel estructural, que en nada contribuirán a revertir un paisaje local signado por escuelas tomadas por padres de chicos que llevan dos meses de clases perdidos.

CAMBIO DE NOMBRES Y DE BRÚJULA POLITICA

La salida de Mammarelli y su posible reemplazo por Máximo Pérez Catán (en una futura Secretaría de Coordinación, una vez aprobada la nueva ley de ministerios) podría ser, de concretarse, un cierre político por el que el gobernador Arcioni vuelve a apoyarse sobre el Chusoto, al que el ex intendente de Trelew aspira a presidir. Se trata de una línea interna diferenciada del núcleo duro de la familia Das Neves –y todo un entorno salpicado por la causa Correa-, que sigue impulsando a Raquel Di Perna para ese cargo y una hipotética candidatura a la gobernación en 2019. En esa dirección, el gobernador deja atrás la posibilidad de romper con el partido, tras los desencuentros legislativos con Jerónimo García y Alejandro Alabaini, para recostarse sobre un sector que le garantiza un plafón político importante a partir de figuras como Adrián Maderna o Ricardo Sastre. “Además, a través del perfil dialoguista de Máximo puede recuperar el contacto con intendentes del interior y de ciudades grandes, como el propio Carlos Linares”, contó uno de los operadores cercanos al gobierno, “porque Mammarelli había roto con todos”.

En su salida, el ex ministro coordinador dejó plasmado en un paper su certeza de que “no falta plata en la provincia”, sino de que “está mal gastada” y enumera una serie de proyectos (como el seguro provincial de salud, una reforma educativa basada en su mirada de que “invertimos 6.500 pesos mensuales por alumno y debería garantizar una educación de calidad”, o la puesta en vigencia del “911” para seguridad) que habrá que ver si avanzan o quedan retenidos dentro de lo que él considera “falta de convicción” para llevar adelante esas reformas. Un dato que refleja la ubicación ideológica del funcionario renunciante: asegura que hasta el gobierno nacional se opondría hoy, por estar interesado en llevar adelante tales políticas con un gobierno de su propio color político, a partir de 2019.

UN FONDO FIDUCIARIO CON 30.000 MILLONES DE PESOS 

Acaso por haberse convencido de que no habrá ayuda extraordinaria desde Nación (no, al menos, en la magnitud presupuestaria que sí hubo para la provincia de Buenos Aires) en Chubut se profundiza la búsqueda de fondos frescos. Y tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo se mira hacia las actividades económicas que aún generan altos niveles de rentabilidad: el petróleo y la pesca, entre otros.

El gobernador Arcioni fue nuevamente escueto cuando ADNSur le consultó sobre este tema en el cierre de la semana, pero reconoció que se trabaja en una iniciativa y dio una pista en torno a la utilización del fideicomiso Chubut (conformado años atrás) como herramienta para canalizar aportes específicos para obra pública, aunque descartó que se piense en adelantos de regalías o de otros tributos. “Es un listado de 15 empresas, no solamente petroleras, sino también pesqueras, productoras de aluminio, -(¿casinos?)-, con las que se busca un fondo de alrededor de 3.000 millones de pesos”, añadió un colaborador del mandatario provincial.

Desde el FPV, la diputada Gabriel Doufur anticipó algunos puntos del proyecto que impulsa el bloque opositor, por el que estima que podrían recaudarse en forma adicional entre 150 y 200 millones de pesos, principalmente para “garantizar servicios esenciales como salud y educación”. La legisladora reveló además que se busca confirmar que el gobierno tendría todavía disponibles otros 90 millones de dólares, como parte del último bono colocado en 2016.

Si el gobierno logra obtener esa herramienta, sea por una u otra iniciativa (ya hay disputas por el “derecho de autor” sobre la idea), sumado al aumento de la producción petrolera y el eventual incremento de regalías, la perspectiva puede traer algo de alivio: ya lo dijo P.Catán, quien aspira a su propio “segundo semestre” para la provincia.

No serán los prometidos "brotes verdes", pero a cuenta de la suba del dólar algunos se entusiasman en hacer cuentas color esperanza.