BUENOS AIRES (ADNSUR) - Un abogado y su hijo que el mes pasado violaron la cuarentena por el coronavirus para jugar al tenis en forma clandestina en un club de la ciudad bonaerense de Dolores, deberán donar más de 100.000 pesos en alcohol en gel, barbijos, máscaras protectoras y litros de leche para el hospital local y merenderos de la zona, informaron este lunes fuentes judiciales.

El caso, ocurrido el 19 de abril y que se conoció a partir de la viralización de un video donde se veía a los dos imputados saltando el paredón del club donde jugaron tenis, se resolvió con una "suspensión del juicio a prueba".

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avaló la "probation" acordada entre el fiscal federal Juan Pablo Curi y la defensa de los imputados en este expediente que se inició por la violación al decreto presidencial que dispuso desde el 20 de marzo el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.

Los imputados son el abogado civilista Marcos Ernesto Giles y su hijo Manuel Giles, quienes son hermano y sobrino, respectivamente, del juez de Garantías de Dolores, Gastón Giles.

Según informó el sitio del Ministerio Público Fiscal, fue la propia defensa del abogado y su hijo quienes propusieron una "probation" y el fiscal Curi quien estableció que el ofrecimiento reparatorio debía redundar "en un verdadero beneficio social".

Por ello, la propuesta que fue aceptada por la fiscalía consiste en la donación de 50 litros de alcohol en gel, 100 unidades de máscaras protectoras y 100 unidades de tapabocas a la cooperadora de hospital local y 500 litros de leche a "Cáritas Parroquial" que se repartirán en siete merenderos.

El costo de dichas donaciones fue estimado en términos económicos por la fiscalía en una suma superior a los 100.000 pesos.

En su dictamen, el fiscal Curi consideró que los imputados, "lejos de tomar en consideración aquellos esfuerzos mancomunados que se están realizando desde el Estado, ignoraron y violaron las medidas adoptadas por el solo hecho de llevar a cabo una actividad recreativa/deportiva como lo es jugar al tenis".

A la hora de merituar el daño ocasionado, el fiscal Curi sostuvo que debían tomarse en consideración los bienes jurídicos afectados, entre los cuales se encuentra la "salud pública".

Además, el fiscal entendió que "deben evaluarse los perjuicios económicos ocasionados al Estado Nacional, Provincial o Municipal como consecuencia de los despliegues sanitarios y de seguridad que deben llevar adelante frente a los casos de aquellas personas que, lejos de respetar la normativa impuesta encaminada a resguardar la salud de la comunidad, hacen caso omiso a ésta".

"No se trata simplemente de un cálculo vinculado a los gastos que ha demandado el procedimiento policial junto a los recursos materiales, administrativos y judiciales insumidos, porque, como bien es sabido, detrás de cada una de las medidas que se han adoptado para evitar la propagación del virus se encuentra la labor de epidemiólogos, científicos y otros especialistas que traen aparejados altísimos costos para el Estado en sus distintos niveles de gobierno", agregó el fiscal.

Según informó Télam, el juez federal Ramos Padilla dictó la suspensión de juicio a prueba por un año respecto de los dos imputados y aceptó la donación de bienes ofrecida, para lo cual valoró el "apego" de aquellos por la ciudad y "sus deseos de realizar una colaboración constructiva para la comunidad con la que conviven".

También se informó que sumado a ello, y de acuerdo a lo reclamado por la fiscalía, Ramos Padilla les impuso a los imputados una serie de reglas de conducta: no mudar su domicilio ni ausentarse del mismo sin dar previo aviso; abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcoholicas y, mientras se prolongue la cuarentena, que permanezcan en su domicilio y sólo pueden efectuar desplazamientos mínimos para el abastecimiento de insumos necesarios o por cuestiones laborales indispensables.

 

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