COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – La jueza penal de Comodoro Mariel Suárez detalló en diálogo con ADNSUR que este miércoles “se resolvió la suspensión de la audiencia respecto de Abel Reyna -ex director de la delegación del IPV local- quien suscribiría un acuerdo de juicio abreviado donde aceptaría la imposición de una pena y no quisiera la producción de la prueba”. Además, informó que otros tres trabajadores harán tareas comunitarias por dos años. Mirá el video de ADNSURTeVé
Sobre el resto de los imputados en la causa por irregularidades en la entrega de viviendas del IPV, dijo que “a todos se le imputa en carácter de autoría en algunos delitos y participación primaria en otros y las situaciones se dividen en dos: oposición fiscal a la suspensión de juicio a prueba y consentimiento fiscal. La primera radica en que los efectos del delito no cesaron porque estas personas están viviendo en las viviendas mal asignadas. Son tres personas y para el resto la fiscalía consistió la suspensión de juicio a prueba porque no estaban viviendo allí. Esto significa que los efectos del delito cesaron en algunos casos y no en otros”, resumió la jueza.
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Explicó que en la suspensión de juicio a prueba “se los intima a cumplir reglas mínimas de conducta por un año. En este caso, para mi debía aumentarse el plazo y fijé 24 meses”.
“Ellos no aceptan responsabilidad en el hecho y el Estado les impone una pena. Se les impusieron tareas comunitarias por dos años y la prohibición de desarrollar funciones en el IPV. Tienen opciones en entidades sin fines de lucro”, especificó.
