RAWSON (ADNSUR) - El juez federal de Rawson no sólo rechazó la competencia para investigar el doble crimen narco de Puerto Madryn sino que criticó muy duro a jueces y fiscales de esa ciudad. En su escrito de negativa, Gustavo Lleral explicó que “frente a la gravedad de los hechos y a la innegable conmoción social, debo advertir con preocupación que la reiterada práctica de las agencias judiciales penales ordinarias con asiento en la ciudad de Puerto Madryn, corrompe la forma republicana de gobierno y la forma federal de Estado”.

Lleral acusó a la justicia de Madryn de sacarse de encima las causas

“Este proceder del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, que se viene reiterando en Puerto Madryn, de desprenderse livianamente de expedientes judiciales sustanciados por hechos graves, de relevancia mediática, con arrojado fundamento en una hipotética vinculación con el accionar de organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, supone una ilegítima abdicación del ejercicio de la función estatal de administrar justicia y una grave afectación al derecho a la jurisdicción de las víctimas y de sus familiares, y a la garantía del juez natural (…). Y todo ello, hay que decirlo, podría incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado Argentino”.

Según advirtió Lleral, “la renuncia al ejercicio de la facultad constitucional no delegada por la Provincia del Chubut, de investigar, juzgar y fallar judicialmente respecto de los delitos ordinarios cometidos dentro de su ámbito de competencia, representa un abierto desprecio” al principio de la división de poderes.

“Si un Estado Provincial, a través de uno de sus poderes constituidos, se niega a ejercer sus competencias reservadas y, por el contrario, violentando las leyes nacionales en la materia, renuncia a su autonomía e indebidamente se desprende de los asuntos que le concierne, en definitiva podría desequilibrar la configuración constitucional del Estado Argentino”, razonó el magistrado.

“No puedo dejar de alertar que la laxitud interpretativa puesta de manifiesto por las autoridades judiciales de Puerto Madryn, al momento de definir su incompetencia con relación a los hechos, podría dar lugar a la conversión del fuero federal en un virtual fuero de atracción, desviación forense que privaría de vigencia material las normas supremas de la Nación”. Lleral consideró que si esto sucediera, “el fuero federal terminaría interviniendo en cualquier hecho o delito común que pudiera tener alguna clase de vinculación, de cualquier grado de verosimilitud, con el comercio de estupefacientes, desnaturalizándose así la misión institucional para la cual fue concebido y estructurado”.

En este escenario, el procurador general, Jorge Miquelarena, se manifestó sorprendido por la decisión de juez federal de no investigar el asesinato de Héctor López y Federico Lomeña, y el suicidio de Nicolás Cerrudo. Más cuando el trío ya era investigado por la Justicia Federal por estupefacientes. A la espera de definir la competencia, “la investigación la inició y la continuará el Ministerio Público Fiscal”.

Miquelarena explicó que “nos enteramos que de las víctimas había ya con bastante anticipación, una investigación”. El procurador remarcó que la Fiscalía Provincial y Federal, el Juzgado de Garantías de Madryn y la Defensa Pública coinciden con que la competencia no es provincial porque la causa se vincula estrechamente con el comercio de estupefacientes. “El Juzgado Federal no lo entendió de ese modo y por eso la causa va a ser dirimida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Hasta tanto Fiscalía provincial continúa con la investigación como si no hubiera ningún planteo”, afirmó el jefe de los fiscales en Chubut. Los detenidos por el doble crimen seguirán en prisión preventiva y los plazos legales corren pese a la feria.

En cuanto a la decisión de Lleral de no investigar porque según su criterio los crímenes no cuadran en ninguna figura penal federal, Miquelarena se dijo sorprendido. “Creí que iba a aceptar la competencia, que iba a compartir lo que el fiscal Gélvez dictaminó. Me sorprendió porque hay muchos elementos para considerar que obviamente fue un doble homicidio relacionado con estupefacientes”.

Por su parte, Gélvez espera la resolución de la Cámara Federal. Según su apreciación las muertes se relacionan con la venta de estupefacientes y debe investigar la Justicia Federal. El fiscal confirmó que las víctimas eran investigadas desde septiembre, cuando un arrepentido los mencionó como vendedores de droga y el propio juez Lleral estaba al tanto de la causa. “Había una investigación donde un imputado que declaró y que en su momento fue detenido, se acogió a la figura del arrepentido. En ese acuerdo que hizo y ante el juez y el defensor público, dio datos detallados, nombres y apellidos de López y Lomeña, señalando que se dedicaban al comercio de estupefacientes. Dio actividades de ellos y otras personas”, explicó Gélvez.

El fiscal se mostró contrariado no sólo con la declaración de incompetencia de Lleral sino porque en esa primera investigación, el juez “como lo establece la ley del arrepentido, a esa persona la tendría que haber convocado a declaración indagatoria. A todos los sindicados, pero lo que hizo fue ordenar investigaciones y no llamar a declaración hasta que transcurrió el tiempo y pasó lo que pasó”. Gélvez relató que ante la incompetencia, el domingo “presente un recurso de apelación ya que el sábado a las 22 ya estaba en el sistema informativo de notificaciones digitales lo que había resuelto el juez”.

Si la Cámara le da la razón a Lleral, la causa va al fuero provincial y la discusión se remitirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva. Pero si la Cámara acoge la apelación, le ordenará al juez que investigue. “Puede ordenarle al mismo juez o separarlo y que investigue otro”. Según explicó el fiscal, Lleral se declaró incompetente porque “entiende que son hechos distintos: una cosa es la causa que él investigaba que data de los primeros meses de 2018, cuando un arrepentido mencionó a las dos personas luego fallecidas, entendiendo que no tienen vinculación con el comercio de drogas. Que ni López y Lomeña, de investigaciones que se realizaron tienen ningún tipo de relación con la venta de estupefacientes y por ende con los homicidios”.

“A pesar de ello la fiscal y la jueza señalan que en las entrevistas vinculan a esas dos personas y al grupo de pertenencia con la venta. Es decir que hay varias fuentes de investigación que lo señalan ello”. Tanto la fiscal Silvina Salazar como la jueza Stella Eizmendi “como lo que dictaminé, está basado en elementos de juicio, no fueron afirmaciones dogmáticas como sí lo hizo el juez. Sólo criticó a todos los que hemos actuado y no se basó en los elementos que hay en todas esas causas, con hechos que se concatenan y que no se pueden separar. Evidentemente en esa causa no quiso actuar. Eso está muy claro. El 11 de setiembre el arrepentido menciona a López y Lomeña y sus muertes ocurren en diciembre”.

Fuente: Jornada